(Exclusivas de la prensa de papel 17/09/2020) El PSOE saca del código ético de las Cortes acatar la Constitución

La presidenta del Senado, la socialista Pilar Llop, ha llevado a la Mesa de la Cámara Alta una propuesta de Código de Conducta de las Cortes Generales, para su aprobación en común con el Congreso. Se trata de un documento que será vinculante para todos los parlamentarios y que tiene que aprobarse antes de que termine septiembre, para enviárselo al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que es un órgano del Consejo de Europa. El texto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, reproduce casi en su totalidad el código ético que ya aprobó el Congreso de los Diputados a inicios de 2019, bajo la presidencia de la popular Ana Pastor. Pero hace algunos cambios. El más llamativo, sin duda, es que se elimina el requisito de acatar sin ambages la Constitución por parte de los diputados y los senadores. El borrador del nuevo código prescinde del inicio del artículo 2, que asegura que los parlamentarios «deben actuar con pleno acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Es importante subrayar que se elimina la referencia al «acatamiento pleno» de la Carta Magna en un momento en el que los principales partidos de la oposición –PP, Vox y Cs– tienen interpuestos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), por las fórmulas con las que juraron o prometieron acatar la Constitución los diputados y senadores independentistas en las dos últimas sesiones constitutivas de las Cortes.  (El Mundo)

Teresa Ribera Rodríguez, actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estuvo trabajando como directiva para la empresa de paneles solares Isofotón S.A., investigada judicialmente tras recibir 80,5 millones de euros mediante ayudas a fondo perdido y préstamos plagados de irregularidades durante los gobiernos del PSOE en Andalucía. De nada sirvieron las fuertes inyecciones de fondos públicos que la Junta realizó entre 2005 y 2012, incluso con sus cuentas de resultados en números rojos y supuestamente maquilladas para obtener el dinero.  (ABC)

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 ha ordenado a la Policía que investigue la tapadera mexicana a la que Podemos desvió fondos de su campaña electoral para las elecciones generales de abril de 2019. El juez Juan José Escalonilla ha requerido a la Udef que «realice las gestiones necesarias tendentes a la averiguación del domicilio social de la mercantil Creative Advice Interactive Group y el lugar en el que de facto se encuentra la sede de dicha empresa». La decisión la adopta después de que EL MUNDO revelase el pasado 24 de agosto que al menos 308.000 euros abonados por la formación que lidera Pablo Iglesias a la consultora chavista Neurona terminaron en una sociedad sin actividad ni experiencia alguna radicada en una infravivienda ubicada en una barriada de la localidad mexicana de Guadalajara. (El Mundo)

Los audios de Calvente al juez: "Podemos tiene un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan". (El Mundo) (La Razón)

Calvente, ante el juez del caso Dina: «Se ocultaron datos importantes a la causa». (ABC)

El Gobierno confía en el acuerdo con Ciudadanos para cerrar el pacto de los Presupuestos Generales del Estado. Fuentes del ala socialista del Ejecutivo aseguran que están ya cerca del acuerdo con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y que, con su apoyo, cerrarán una suma suficiente para aprobar las cuentas. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, dilata las negociaciones y pretende que los socios de investidura sean los que permitan al Gobierno de coalición aprobar los presupuestos, para que no sea necesario el apoyo de Ciudadanos. (El Economista)

Iglesias presiona para pactar con ERC y Bildu y evitar a Ciudadanos. Pablo Iglesias mantiene un pulso dentro del Gobierno para que los Presupuestos salgan adelante con el bloque de la investidura, incluidos ERC y Bildu, y no con el apoyo de Ciudadanos. Iglesias refuerza tanto en privado como en público el pulso que mantiene en La Moncloa para dejar fuera a Ciudadanos del pacto de Presupuestos. No es solo una cuestión de diferencias ideológicas, explican en Unidas Podemos, es más de fondo: Iglesias quiere cerrar la puerta a lo que en su grupo llaman la “operación salvar a Ciudadanos”, que consistiría en reforzar al partido de Inés Arrimadas para que el PSOE pueda tener en el futuro dos opciones para gobernar, a izquierda y derecha. El Gobierno prosiguió ayer las negociaciones presupuestarias con sendas reuniones con EH Bildu y ERC. (El País)

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya ha firmado la instrucción contra la usurpación ilegal de viviendas que anunció en la apertura del año judicial. La instrucción para dar “inmediatez” a los desalojos de viviendas de particulares ocupadas olvida el lastre que supone para la inversión inmobiliaria la ocupación ilegal al no extender la petición del desalojo cautelar al supuesto de la usurpación de inmuebles que pertenezcan a bancos o fondos. La Fiscalía establece la nueva línea de actuación en función del delito que estén cometiendo los ocupantes ilegítimos de los inmuebles, allanamiento de morada en caso de segundas residencias o las llamadas residencias de temporada o usurpación de bienes inmuebles, normalmente en viviendas en desuso. Este segundo es el que aplica en la actuación en caso de que la vivienda okupada pertenezca a una entidad bancaria o a un fondo de inversión. (El Economista)

La Ley de Memoria Democrática anunciada el martes se puede convertir en un quebradero de cabeza jurídico para el Gobierno de Pedro Sánchez, obsesionado con rescatar esta época de la historia de España para desviar los problemas de su gestión. Todavía no hay un texto oficial, solo el anteproyecto presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Sin embargo, de algunas de las primeras medidas que contiene el documento, expertos jurídicos ya advierten de que atenta contra la Constitución, concretamente contra los artículos que amparan la «libertad ideológica y de expresión». Además, alertan sobre la imposibilidad de ilegalizar fundaciones, como la de Francisco Franco, que solo puede llevarla a cabo un juez. (ABC)

El sindicato convertirá el convento de Santa María Magdalena, su sede en el centro de Madrid, en alojamientos para turistas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó a principios de mes el cambio de uso. (El Mundo)

Cerca de 90 se han jubilado ya este año y otros 39 piden hacerlo ante el mal clima reinante y la tensión generada por la Covid-19. Decenas solicitan también el traslado a otro ministerio. (La Razón)

Estas operaciones, que consisten en cambiar el crédito de una entidad a otra buscando mejores condiciones, se han disparado tras confinamiento y permiten a los bancos captar nuevos clientes. (El Mundo)

El Gobierno sigue sin ceder en la prórroga generalizada de los Ertes de fuerza mayor, en vigor hasta el 30 de septiembre. De momento, ha propuesto que continúen como fuerza mayor aquellas empresas que están vinculadas al turismo, lo que no significa necesariamente todos los sectores relacionados con el turismo. Algunas fuentes apuntan que se podrían quedar fuera empresas del transporte de autobuses o aerolíneas cuyas rutas no fuesen necesariamente turísticas. Igualmente, señalan que de los 800.000 trabajadores que actualmente están hoy en Erte, la futura prórroga, según la propuesta del Gobierno, podría amparar solo a unos 120.000. La CEOE ha cargado contra el coste que, según el Gobierno, tienen los Ertes y afirma que es mucho menor que los más de 4.000 millones que asegura Moncloa. (El Economista)

La cuarta prórroga de los ERTE entra en la recta final con fuertes desencuentros tanto en la mesa de negociación como dentro del propio Gobierno de coalición. El enquistamiento en el ámbito empresarial se centra actualmente en las exoneraciones a la Seguridad Social de las que podrán disfrutar las empresas que sigan acogidas a este esquema por causas de fuerza mayor. Fuentes empresariales explican que, dado que existen limitaciones presupuestarias para prorrogar las ayudas, estas deben orientarse a las empresas que siguen con ERTE total. Sin embargo, según las mismas fuentes, el ministro Escrivá sigue defendiendo que se mantenga el mismo modelo que opera actualmente y en el que se premia con una mayor bonificación a aquellas compañías que van «activando» a sus trabajadores. (ABC)

Fuentes financieras señalan que PwC ha tomado ya la delantera para hacerse con esa labor, aunque todavía estemos en una etapa prematura. «Tiene mucho sentido que se lo quede PwC», explican fuentes del mercado. Está bien posicionado para estar en la terna, siendo un viejo conocido de la entidad absorbente. Lo cierto es que se trata de un contrato muy jugoso dentro del Ibex 35, aunque lejos de los dos ceros que supone el de Banco Santander. (ABC)

Arabia Saudí y el consorcio del AVE a La Meca abren la enésima negociación para reajustar las cuentas del faraónico proyecto. En esta ocasión no se discuten sobrecostes por retrasos, la arena, un incendio o problemas con la plataforma. En esta ocasión se negocia el pago de una indemnización para compensar el impacto del Covid-19 en la operación del llamado AVE del Desierto, que lleva paralizado desde marzo y no tiene fecha prevista de vuelta. El servicio que está en liza es el conocido como soft operation, que arrancó el 11 de octubre de 2018, e incluye el abono por parte de Saudi Railways Organization (SRO) de 210 millones de euros más la venta de billetes, cuyos ingresos se reparten entre el consorcio español y el operador ferroviario saudí. “Se está negociando el reconocimiento de un pago por su parte (SRO) en concepto de compensación por la paralización y el mantenimiento de los recursos disponibles de cara a que la reanudación pueda ser rápida”, explica Renfe en las cuentas. (El Economista)

La modernización de las infraestructuras de transporte fueron, en el arranque del nuevo siglo, el gran dinamizador de la economía española. Gracias a los fondos estructurales y de cohesión, España se convirtió en el primer receptor de ayudas europeas, que se emplearon en la construcción de autovías, puertos y nuevas líneas de alta velocidad, entre otras inversiones públicas. Los fondos asignados a España a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, de 72.000 millones de euros, representan una nueva oportunidad para repetir el éxito del pasado. “España no puede permitirse el lujo de dejar escapar esta ocasión, por lo que hay que aprovechar al máximo los plazos para llevar a Bruselas una lista de proyectos que encajen en el fondo de recuperación”, indican desde el sector de las infraestructuras, un área que podría acaparar cerca del 40% de los recursos asignados. (Expansión)

Movimiento de calado en el sector de las entregas a domicilio. Glovo anunció ayer la venta de su negocio en Hispanoamérica al operador alemán del mismo sector Delivery Hero, accionista de la compañía española con un 18,8% de su capital, por 230 millones de euros. La transacción se cerrará en las próximas semanas, ya que está pendiente de las aprobaciones regulatorias pertinentes. El acuerdo llega en plena ola de concentraciones en el sector (JustEat ha comprado Grubhub y Amazon ha entrado en Deliveroo) y en un momento en el que la posible venta de Glovo ha sonado con fuerza en los últimos meses. (Expansión)

El monto cobrado con TPV cae un 17% y el sacado de los bancos cede un 35%. La retirada media de efectivo salta de 136 a 184 euros en el segundo trimestre. (Cinco Días)

«Las normas del instituto están por encima de los derechos individuales». Para Pedro, profesor de Inglés en Ibiza, esta regla supone la prohibición de hablar en español con los alumnos, con los padres y también con otros profesores en reuniones laborales. Así se lo comunicaron varios miembros del equipo directivo del instituto Sant Agustí cuando vieron que el docente, que se incorporó como interino el curso pasado, era castellanohablante. «Me exigían que hablara catalán porque es la lengua vehicular del centro», denuncia a EL MUNDO. Asegura que este modus operandi es habitual en los centros públicos de Baleares y que «muchos compañeros reciben presiones por hablar español, pero no se quejan para no sufrir más reprimendas». (El Mundo)

Torra no designará sucesor si es inhabilitado para retrasar las urnas. Torra ya ha descartado convocar elecciones a iniciativa propia, ejercer una presidencia simbólica o proponer a un candidato alternativo que le sustituya, como se había planteado en las últimas semanas. Así, su plan pasa ahora por dejar correr la legislatura hasta que se agote con un Govern en funciones, aunque también amaga con atrincherarse. En este sentido, ya aseguró recientemente que contemplaba la desobediencia y mañana el Parlament votará una resolución –impulsada por JxCat, Esquerra y la CUP– que recuerda que solo la cámara legislativa tiene «legitimidad para otorgar o retirar la confianza al president y al Govern de la Generalitat»
y, por lo tanto, abre la puerta a celebrar un pleno para votar su cese –ya ocurrió cuando en enero las fuerzas independentistas unieron fuerzas y votaron contra la retirada de su acta de diputado–. (La Razón)