(Exclusivas de la prensa de papel 13/05/2021) Sánchez quiere dar aire a su alianza con ERC, PNV y Bildu en el tercer aniversario de la censura a Rajoy

El Gobierno baraja convocar el debate del Estado de la Nación en junio. En las sesiones plenarias del 31 de mayo y 1 de junio de 2018 se debatió la moción de censura que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy. Y en Moncloa no pasan por alto este tercer aniversario de la censura que se llevó por delante al Gobierno del PP y que fue la semilla de la mayoría que sostiene hoy al Ejecutivo de coalición. La decisión de Sánchez es resistir y no habrá elecciones, al menos hasta que Bruselas no apriete con las pensiones. En el PP son conscientes de ello y por eso dudan del acierto de la dirección nacional de lanzarse a por Sánchez, como si en el calendario ya estuviera marcada la cita con las urnas. Génova, sin embargo, lo tiene claro, y, tras Madrid, la decisión es dar una vuelta de tuerca a la presión sobre el Gobierno de coalición. (La Razón)

Las previsiones del Plan de Estabilidad enviado a Bruselas no son buenas para la sanidad. El Gobierno ha estipulado que el gasto en esta partida alcanzará un 6,2% del PIB en 2024 en lugar del 7% al que se comprometió durante la legislatura. La cifra, tomando como referencia el PIB de 2022 (que es cuando se espera alcanzar los niveles de 2019) significa que la sanidad dispondrá de 11.000 millones menos para acometer todos los retos que tiene por delante en la presente década. Uno de los proyectos que se podría ver mermado es la atracción de producción de medicamentos esenciales a España, ya que la ministra asegura que una de las prioridades es la racionalización del gasto farmacéutico, cuestión que no ayudaría a pagar los costes que tendrían los fármacos que se fabriquen en España en lugar de en Asia. (El Economista)

En La Moncloa se asume la confrontación con la líder del PP. Por estrategia de ésta, por estrategia propia, por necesidad... Porque para que «la izquierda» vuelva «con más esperanza y más fuerza» en Madrid, como prometió Sánchez tras el batacazo del PSOE el 4-M, no pueden dejar que la líder popular lleve por completo la iniciativa. Gestión de la pandemia, armonización fiscal –pensada sobre todo para Madrid– o el posible apoyo de Vox al PP en la Asamblea son algunos de los aspectos sobre los que el Gobierno pivotará su estrategia hacia Madrid. El propósito no sólo es entrar en el cuerpo a cuerpo, sino dejar claro quién tiene la iniciativa y el liderazgo político. (El Mundo)

Las noticias sobre una inminente reforma de las pensiones y la inclusión de las clases pasivas- el régimen específico de pensiones de jubilación de los funcionarios- en la Seguridad Social dispararon el año pasado las peticiones de retiro voluntario entre los trabajadores públicos. En concreto, la Administración vio cómo las peticiones de jubilación anticipada entre los funcionarios alcanzaban el número de 10.387, un 26% más que en 2019, según consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno del pasado 2 de marzo a una pregunta realizada desde el Grupo Popular en el Congreso. (El Mundo)

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la ley de cambio climático, que previsiblemente aprobará hoy el Congreso, llega tarde. “Esta ley deberíamos haberla tenido hace diez años”, afirma en una entrevista con EL PAÍS. La vicepresidenta defiende “un sistema fiscal compatible con los principios verdes”, pero admite que “la estructura fiscal en España tiene una complejidad que hace difícil intervenir”. Con relación a la sentencia del Supremo que ha anulado por defectos de forma Madrid Central, la zona de bajas emisiones de la capital, Ribera asegura: “Hay que hacer las cosas de la mejor manera posible y ponerse a trabajar ya, quien no lo haya hecho todavía, para contar con esas zonas en todas las ciudades con más de 50.000 habitantes”. (El País)

Multitud de empresas se han quejado durante la pandemia de que no han conseguido la ayuda pública que solicitaban, pero no es el caso de la aerolínea Plus Ultra, que no sólo ha logrado todo lo que pedía inicialmente, sino incluso un 6% más de esa cantidad. La secuencia de los hechos, según describen a EL MUNDO fuentes conocedoras de la documentación en poder del Consejo Gestor del Fondo que aprobó el rescate, fue la siguiente: Plus Ultra intentó primero que los bancos con los que trabajaba habitualmente –el Banco Santander, BBVA y Bankinter– le tramitaran un préstamo con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como ya publicó este diario. Las entidades financieras, recelosas del riesgo que entrañaba la aerolínea, rechazaron tramitar el préstamo ni aunque cargara el ICO con el grueso del peligro. (El Mundo)

Una directiva de la auditoria internacional Deloitte y dos empresarios vascos vinculados con el PNV se repartieron durante al menos 9 años un centenar de contratos restringidos de instituciones y empresas públicas vascas. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) constata en su dictamen de 319 folios cómo Ana Andueza (Deloitte), Leandro Ardanza (97$F) y Sabin Azua (DMASI) conocían de antemano adjudicaciones públicas y acordaban presentar «propuestas de cobertura» para simular una competencia inexistente. Ninguna administración denunció esta práctica y la investigación fue iniciada por la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Pilar Canedo. (El Mundo)

Iberdrola ha anunciado que ha elevado desde los 21.000 millones hasta los 30.000 millones de euros el plan de inversiones que ha presentado para acogerse a los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los denominados fondos Next Generation de la Unión Europea (UE). Supera así con diferencia los 23.000 millones de euros que había anunciado Endesa hace apenas unos días. Los fondos Next Generation son un plan histórico de incentivos que va a poner en marcha la UE para reactivar la economía, devastada por la pandemia del Covid. Es muy superior a lo que en su día supuso el gigantesco Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, con el que se ha comparado. (Expansión) (Cinco Días)

15 años más tarde, salen a subasta pública las antiguas oficinas de la madrileña calle Lagasca. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso elEconomista, el pasado 5 de mayo los administradores concursales de Afinsa solicitaron la segunda subasta pública de los inmuebles que aún están en poder de la liquidada después de que en un primer intento quedase desierta. Se trata de varias oficinas y plazas de garaje en el número 88 de la calle Lagasca, en pleno barrio de Salamanca de Madrid. (El Economista)

Acciona ha puesto a la venta los derechos de cobro asociados al proyecto de construcción y operación del Metro Ligero de Sídney, en Australia. El valor de la transacción se estima entre los 250 y los 300 millones de euros. Con ello, traspasará y monetizará anticipadamente el instrumento financiero con el que el cliente pactó en 2019 compensar a los contratistas del proyecto. Desde el grupo que preside José Manuel Entrecanales declinaron hacer comentarios. (El Economista)

Los gigantes navieros Grimaldi y MSC prevén poner en marcha líneas regulares desde Barcelona y Valencia a las islas Baleares este verano, con lo que se sumarán a Baleària. Un desembarco que supondrá que, por primera vez desde 2016, los barcos de tres navieras distintas competirán en las rutas entre la Península y estas islas. (El Economista)

Luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a los fondos de inversión nacionales para invertir en bitcoin y otros criptoactivos. El supervisor de los mercados españoles abre la puerta por primera vez a que los fondos puedan tener exposición al bitcoin en cartera, aunque de manera indirecta. Según la CNMV, los gestores pueden hacerlo “a través de instrumentos financieros cuya rentabilidad esté vinculada a tales monedas, que no incluyan un derivado implícito”. (Expansión)

Y es que mientras algunos tribunales superiores ya han avalado los toques de queda en sus respectivos territorios –Baleares y la Comunidad Valenciana–, otros como los del País Vasco, Navarra y Canarias no han permitido que el toque de queda se perpetúe. «Somos conscientes de nuestra responsabilidad», aseguran fuentes presentes en esa reunión, pero añaden: «Los tribunales superiores de justicia no cogobernamos, no se nos puede pedir una uniformidad de criterio, porque cada ejecutivo adopta medidas muy distintas». De hecho, hacen hincapié en que doce de las 17 comunidades autónomas «no han pedido permiso» a sus tribunales superiores para prolongar el toque de queda o los cierres perimetrales. Y respecto a las limitaciones a las reuniones privadas, añaden, las decisiones «difieren, porque las medidas son distintas». Pero los jueces tienen claro que no les corresponde adoptar medidas que atañen a las administraciones, sino llevar a cabo «estrictamente un control jurídico de la proporcionalidad y necesidad de esas medidas», en el punto de mira por las restricciones que suponen de derechos fundamentales como los de circulación y reunión. (La Razón)

La vida empieza a ganar terreno al coronavirus. Los contagios siguen en niveles muy altos —173 casos por 100.000 habitantes—, pero el avance de la vacunación y las restricciones para frenar la movilidad social y la circulación del virus han amortiguado el peor parámetro de la pandemia: la cifra de fallecidos. Desde que empezó a surtir efecto la vacunación a principios de año, coincidiendo con el pico de la tercera ola, los decesos a causa del virus han bajado un 90%. Las muertes semanales se han reducido desde las 3.722 de la última semana de enero a las 336 entre el 26 de abril y el 2 de mayo. (El País)

Combinar dos vacunas diferentes contra la covid multiplica las reacciones adversas. Un estudio en el Reino Unido muestra que alternar las dosis de Pfizer y AstraZeneca eleva los efectos secundarios, aunque son de leves a moderados y de corta duración. (El País)

Las universidades sancionarán protestas estudiantiles como las que se registraron en campus catalanes contra la sentencia del 1-O o los escraches sufridos por las políticas Cayetana Álvarez de Toledo y Rosa Díez. La «oposición violenta» a la celebración de actos académicos será considerada una falta muy grave que acarreará hasta cinco años de expulsión. La «obstaculización» de actos académicos, si no hay violencia y si la conducta no se puede «justificar por el ejercicio de algún derecho fundamental», será una falta grave castigada con la prohibición de examinarse. Son algunas de las nuevas infracciones recogidas en el borrador del proyecto de Ley de Convivencia y Disciplina Académica en la Enseñanza Universitaria, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en donde también se tipifican como faltas muy graves –de dos a cinco años de expulsión– el plagio y la falsificación de actas universitarias. (El Mundo)

El nuevo objetivo del independentismo balear es catalanizar la Justicia, esfera que escapa del control autonómico y que depende del Estado central. Ante la imposibilidad de imponer el requisito lingüístico a estos funcionarios, el Govern de la socialista Francina Armengol ha impulsado una campaña para fomentar el uso de la lengua catalana en este bastión «altamente castellanizado». La iniciativa parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) y cuenta con el apoyo de la dirección de política lingüística del Ejecutivo balear liderado por Beatriu Defior, exmilitante de ERC. Se trata del primer plan de fomento de la lengua catalana en el entorno jurídico de las Islas e incluye varias actuaciones. (ABC)

El independentismo catalán lanzó en la campaña del 14-F la promesa de redoblar su ofensiva para alcanzar la secesión si sumaba más del 50% de los votos, un hito jamás alcanzado hasta entonces en unos comicios autonómicos. Finalmente, la suma de los sufragios de ERC, Junts, la CUP y el PDECat (que no logró representación pero sí más de 70.000 votos) permitió lograr esa meta por la mínima con el 50,8 por ciento de los votos emitidos que los partidos ‘indepes’ elevan al 52% según sus propios cálculos. Este resultado, calificado de «histórico», se logró en un contexto de participación a la baja marcado por la pandemia. (ABC)