(Exclusivas de la prensa de papel 01/10/2021) La inflación cuesta 11.000 millones al Estado y 30.000 a las familias

La escalada de precios de este año costará cerca 11.000 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otros 30.000 millones a las familias. Si la inflación mantiene los niveles que apunta ahora, el alza supondrá un gasto de 5.000 millones solo en las subidas de pensiones de 2022 por el repunte del IPC. A esto hay que sumar la subida de los sueldos de los funcionarios. El coste extra en esta partida podría alcanzar, según los sindicatos, hasta 6.322 millones de euros si el IPC se mantiene. Al ahorro conservador español, la inflación le cuesta más de 30.000 millones de euros. Las familias españolas tienen casi un billón de euros en depósitos y efectivo remunerados al 0%. (El Economista)

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha decidido implicar y poner en un brete a los presidentes autonómicos en la controvertida selección de proyectos susceptibles de financiación europea, aunque el Gobierno central tendrá la última palabra. Calviño ha remitido una carta a todos los presidentes de Comunidades Autónomas para que le comuniquen «la lista de entre uno y tres proyectos que, desde su Comunidad Autónoma, se consideren estratégicos o emblemáticos». Así figura en la misiva, a la que ha tenido acceso EL MUNDO destinada a cada uno de los barones autonómicos del país. La criba debe ser, además, inmediata. «Le agradecería que lo remita en un plazo de 15 días hábiles». La misiva ha provocado estupor, según no ocultan a este diario varios de sus destinatarios. «Me pone en un brete ¿Cómo elegir sin saber en qué sectores va a haber PERTE?», afirma un presidente consultado en alusión a los llamados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica que deben ser transversales para toda España. (El Mundo)

Michel Barnier, quien negoció para la UE el Brexit y aspira a ser el candidato conservador en las presidenciales de Francia, afirma a EL PAÍS: “Existen dudas sobre la confianza que podemos tener en los británicos”. "Acabo de estar en Londres y la situación es muy complicada. No es solo por el Brexit, es también por el aumento del precio del petróleo, la covid, la crisis de las materias primas. Pero es también el Brexit. Me reafirmo en que la salida del Reino Unido de la UE no tiene valor añadido. Todavía no entiendo el interés económico del Reino Unido en abandonar el mercado único, que era tan importante para ellos. Que fue el motivo de su adhesión en 1973. Lamento esta situación, pero es la elección democrática y soberana de la mayoría de los británicos". (El País)

El Gobierno vasco pagará 69,9 millones de euros menos de un Cupo menguante al Estado en 2022 tras la transferencia de las tres prisiones vascas, de la vieja cárcel de Nanclares y del futuro centro penitenciario de Zubieta que también pagará el Gobierno central y entregará en 2023. El traspaso mantiene el criterio establecido en la Ley del Concierto Económico por el que de los 1.120 millones destinados en 2021 a todo el ámbito penitenciario de Euskadi se descuenta el índice del 6,24%. En el conjunto de las cárceles españolas cumplen sus penas un total de 55.152 presos, de ellos 1.132 en las tres prisiones que a partir de hoy controlará el Ejecutivo de Urkullu. La población reclusa de las cárceles vascas supone el 2% del total de 55.152 presos en España, pero el cálculo económico de la transferencia no se realiza en función del gasto que conlleva la prestación del servicio como en el resto de comunidades autónomas, salvo Navarra. (El Mundo)

El conflicto entre Argelia y Marruecos va a provocar graves daños colaterales a España, concretamente en el suministro de gas natural, ya que el primero quiere dejar de enviar esta materia prima a través del gasoducto del Magreb, infraestructura por la que llega a nuestro país –tras cruzar Marruecos– casi el 25% de todo el gas que importamos. Argelia es el principal suministrador de gas a España, con casi el 49% del total en 2021 (hasta julio), según Cores. De ese porcentaje, el 89,3% llega por los gasoductos del Magreb y de Medgaz; el resto, en buques. (ABC)

El gigante de la distribución está buscando una alternativa a Iberdrola tras recibir en los últimos días la misiva que le emplaza a renegociar al alza su contrato de la luz para incluir el coste regulatorio de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. Su equipo de gestión energética ha reaccionado rápido y, apoyado en la consultora que les asesora en este tipo de operaciones, ha pedido por teléfono y correo electrónico ofertas a varias empresas, según constatan a EL MUNDO fuentes del sector conocedoras de este movimiento. (El Mundo)

La aerolínea de la familia Hidalgo no consigue remontar el vuelo tras el golpe del Covid y apenas ha recuperado un 45% de sus vuelos con respecto a 2019. Esto provoca que la generación de ingresos esté bajo mínimos y la situación financiera de la compañía sea cada vez más complicada. Fuentes financieras apuntan que, si la situación no se corrige y no llega un segundo rescate público, la aerolínea podría quedarse sin caja este mismo año. Air Europa trabaja desde hace meses en una nueva solicitud de ayuda que suponga el salvavidas que necesita para afrontar el fin de la compra por parte de Iberia. Mientras tanto, la deuda de la aerolínea sigue creciendo y complica una operación en la que la autoridad de Competencia de Bruselas todavía debe manifestarse. (El Economista)

Un total de 153 trabajadores de Telefónica en España se han apuntado al proyecto piloto para acogerse a una jornada laboral de solo 4 días a la semana –de lunes a jueves–, tras haber finalizado ayer el plazo límite para solicitar ser incluidos en el piloto. El colectivo total de trabajadores que teóricamente se hubieran podido acoger a esta medida laboral eran los 15.000 empleados incluidos en el convenio, además de otros 3.000 fuera de convenio. Es decir, sobre el universo de 18.000 empleados, el porcentaje de aceptación ha sido del 0,85%. (Expansión)

El holding británico de Telefónica abonó un dividendo de 4.000 millones tras la fusión de O2. Ajustó un 38% el valor de sus activos netos, hasta 6.821 millones. La teleco diseñó una amplia transacción financiera. (Cinco Días)

Glovo da un paso más para salir a Bolsa. La startup española de reparto a domicilio cuenta ya con la asesoría de Morgan Stanley y de Uría Menéndez para dar los pasos previos para su salto al parqué en 2022. Ni el banco de inversión ni el despacho de abogados tienen en este momento ningún mandato de salida a Bolsa, pero sí trabajan codo con codo con la compañía con ese fin y se prevé que sean los que piloten el proceso el año que viene, según aseguran a CincoDías fuentes financieras. Ambos asesores, al igual que Glovo, declinaron ayer hacer comentarios sobre el tema. (Cinco Días)

“Queremos equilibrar el peso de las ‘cripto’ con otros activos de inversión” . “La regulación y la transparencia son fundamentales para nosotros”. “Es una gran noticia que los reguladores estén monitorizando la inversión de los activos digitales”. (Cinco Días)

El Ministerio de Hacienda ha descubierto numerosas irregularidades en la ejecución de un gran contrato de obra pública adjudicado durante el segundo mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno (2000-2004) y bajo sospecha de haber servido para nutrir la caja b del PP. Se trata de la adjudicación, en 2002 y por 32,9 millones de euros, de las obras de un estacionamiento para aeronaves en la T4 del aeropuerto de Barajas (Madrid). El contrato fue adjudicado a Constructora Hispánica, presidida entonces por Alfonso García Pozuelo, uno de los donantes que figura en los papeles de Bárcenas, la contabilidad b que llevaba el extesorero popular Luis Bárcenas. Las obras tuvieron un sobrecoste total de siete millones. (El País)

Pablo Casado creará una nueva plataforma tras la convención para intentar absorber del todo a Ciudadanos. Forma parte de la estrategia de «ensanche» de las bases electorales del partido. (El Mundo)

La empresa malagueña Isofotón, subvencionada con más de 80 millones de euros por la Junta de Andalucía en la época socialista, desvió de forma urgente la primera ayuda recibida por el gobierno socialista andaluz en el año 2007 a través de once transferencias al extranjero. Este es el último hallazgo de la juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que investiga las numerosas ayudas otorgadas por el ejecutivo andaluz entre los años 2007 y 2012 a esta empresa dedicada a la fabricación de placas solares y en la que llegó a trabajar la actual vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Blanqueo de Capitales investiga el destino de los fondos que recibió la empresa en la que trabajó Teresa Ribera. El caso salpica a otros ministros como María Jesús Montero y Luis Planas, que aprobaron las subvenciones. (ABC)

El Gobierno aprobó el segundo estado de alarma para frenar la pandemia en octubre del 2020, con los informes preceptivos a favor del Consejo de Estado y la Abogacía del Estado. Este es el argumento del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, que la próxima semana tiene previsto analizar el real decreto que dio luz verde a la medida. (La Vanguardia)

En el partido morado explicaron ayer a ABC que respaldan este proyecto electoral de unificación. Aseguran incluso que aceptarían que ella quisiera presentarse con otro nombre: «No hay malestar, lo que Yolanda Díaz considere, Podemos respaldará su candidatura». Los equilibrios internos, sin embargo, son mucho más complejos que esto. La tensión subyacente ante la aspiración de Díaz brota a través de otras voces significativas de Podemos, como Juan Carlos Monedero, que el domingo advirtió que Díaz podría convertirse en Manuela Carmena. (ABC)

A pesar de que la Generalitat mantiene viva su guerra contra la Casa Real, el Gobierno ya trabaja con la Zarzuela para que el Rey Felipe VI esté de nuevo en Cataluña presidiendo la entrega de los despachos, una cita de máxima sensibilidad. Este año, eso sí, se celebrará previsiblemente en noviembre, alejado de las fechas más simbólicas del «procés». «El Rey tiene que estar en Cataluña», sostienen en Moncloa, que en las últimas fechas se han preocupado de multiplicar su presencia y arropar al Monarca en cada visita. En este sentido, también cabe reseñar que es un clamor entre los jueces y las tres principales asociaciones judiciales se han posicionado a favor de que venga. En la Generalitat, en este punto, muestran total indiferencia. (La Razón)

El líder del Frente Polisario se comprometió por escrito a abonar el coste de su estancia de mes y medio en el hospital San Pedro de Logroño, pero se desconoce el importe de la factura y quién la pagó. (La Razón)