- Hacienda rechaza blindar a Bankia por las pérdidas de la salida a Bolsa
- Iberdrola nombra consejeros a José W Fernández y Manuel Moreu
- Golpe a Telefónica, BBVA y Repsol en Venezuela por la devaluación de su moneda
- IAG estudia provisionar 184 millones que Iberia tiene retenidos en Venezuela
- Monedero, en 2011: «Las empresas españolas ganan mucho en Venezuela»
- Chávez pagaba a la fundación de Podemos 7.000 euros al mes por asesor
- En Venezuela hay otros veinte etarras con causas pendientes
- García Margallo: "En España la libertad de prensa es intocable"
- Los planes de pensiones invierten ya uno de cada tres euros en deuda española
- Los inversores siguen con hambre de centros comerciales
- España supera a Italia como líder mundial en la exportación de vino por el bajo precio
- El Gobierno acelera reformas como la ley de segunda oportunidad
- Felip Puig se reunió con el empresario para pedirle la comisión del 5%

El Eurogrupo dio ayer un ultimátum de cuatro días a Grecia para pedir una nueva prórroga del rescate que incluiría cierta flexibilidad a cambio de compromisos. La prórroga tendría que ir acompañada por varios compromisos por parte de Atenas, como "no revertir ninguna medida salvo que así se acuerde con las instituciones y únicamente si están plenamente financiadas", "honrar sus obligaciones financieras con sus acreedores" y garantizar la estabilidad del sector financiero así como "finalizar con éxito el actual programa". Al término de la reunión del Eurogrupo, el ministro griego de Finanzas, Yanis Varufakis, dijo que su Gobierno no aceptará una prórroga del actual rescate por considerar que "es parte del problema y no de la solución", y avisó que de un ultimátum "nunca sale nada bueno".

Ya en España, es noticia hoy que varios exconsejeros de Caja Madrid, que declararon ayer como imputados por el escándalo de las tarjetas opacas, coincidieron en señalar que el uso de las mismas varió con la llegada de Miguel Blesa como presidente de la entidad, de 1996 a 2009, quien aprobó su uso para gastos personales, cuando antes se trataba de un sistema de tarjetas de crédito para cubrir "con prudencia" gastos de representación de sus consejeros y altos cargos. El fiscal solicitó fianzas civiles para seis de ellos, con el fin de garantizar la devolución del dinero en caso de que sean considerados responsables civiles en el juicio.

En lo que respecta a las exclusivas, Caixabank ha comprado cinco bancos desde 2010 (Caixa Girona, Bankpyme, Banca Cívica, Banco de Valencia y el negocio de Barclays en España) y se prepara para ir a por el sexto, esta vez fuera de España. La entidad presenta este martes una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% del capital de BPI, el tercer banco privado portugués, según fuentes del mercado. La entidad catalana —que ha declinado hacer comentarios sobre la operación— condicionará su oferta a controlar más del 50% de los derechos de voto. Actualmente, CaixaBank tiene el 44% del capital pero solo puede votar por el 20% debido a las normas internas de BPI. Caixabank necesita que la entidad portuguesa derogue esa condición en una junta de accionistas que se celebrará tras la opa. Al cierre de este lunes en Bolsa, el banco valía 1.520 millones, si bien la opa supondrá una prima atractiva para los accionistas, informa El País. 

Las posibles indemnizaciones a los inversores que compraron acciones de Bankia durante su salida a Bolsa han desencadenado un nuevo pulso entre los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. En el ministerio de Hacienda se resisten a blindar a Bankia por las pérdidas derivadas de las posibles reclamaciones, tal y como pedían en Economía. Luis de Guindos propone limitar al 38% las cuantías de las compensaciones que asuma Bankia. En el Gabinete del ministro Montoro, sin embargo, no quieren oír hablar de que las indemnizaciones se paguen a costa del contribuyente. Es decir, se niegan a que BFA, matriz de Bankia, y propiedad al 100% del Estado, se haga cargo del grueso de los pagos, señala El País. 

Iberdrola nombra consejeros a José W Fernández y Manuel Moreu, dice Cinco Días.

La devaluación de la moneda aplicada por el Gobierno de Venezuela ha tenido un notable impacto en la cuenta de resultados de Telefónica, que sufrirá un recorte de 915 millones en el ebitda y de 399 millones en el beneficio neto del ejercicio 2014. Otras compañías españolas afectadas serán Repsol, que tiene aún un 10% de su producción y el 30% de sus reservas en Venezuela, y BBVA, que es uno de los líderes de la banca venezolana. También se verán golpeados grupos como Mapfre, IAG, Meliá y Air Europa, destacan Expansión y Cinco Días.   

En plena polémica por la amenaza del Gobierno de Nicolás Maduro de expropiaciones de empresas españolas con intereses en Venezuela, el holding aéreo IAG quiere dar carpetazo a la situación de Iberia en el país y estudia provisionar 184 millones de euros que la aerolínea española tiene retenidos en el país latinoamericano. Según explican fuentes de toda solvencia a El Economista, IAG da por perdido este dinero desde hace mucho tiempo, pero el auditor no le dejaba provisionarlo hasta ahora por problemas con la devaluación de la moneda. No en vano, en los resultados de los nueve primeros meses del año, el holding dirigido por Willie Walsh ya realizó un cargo extraordinario de 82 millones por la depreciación del bolivar. 

Monedero, en 2011: «Las empresas españolas ganan mucho en Venezuela». En plena polémica por la amenaza del gobierno venezolano a las empresas españolas, ABC reproduce la entrevista a Juan Carlos Monedero que publicó en diciembre de 2011, pocas semanas después de ganar el PP en las elecciones generales. 

El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), al que pertenecen o han pertenecido los máximos dirigentes de Podemos, firmaba varios contratos anuales con el Gobierno venezolano con pagos por adelantado. El más lucrativo era el del Ministerio de la Presidencia, que le reportaba hasta 270.000 euros anuales entre 2002 y 2014. La ONG desplazaba a Caracas tres asesores, con despacho en el Palacio Presidencial de Miraflores. CPES aportaba a Hugo Chávez un jurista, un economista y un constitucionalista. La factura se movía entre 7.000 y 7.500 euros mensuales por cada asesor, cuenta ABC.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cursó ayer un oficio a Interpol para que le confirme si tiene conocimiento exacto del paradero del etarra José Ignacio de Juana Chaos. El magistrado realizó la petición tras la publicación en el diario El Mundo de unas fotografías del etarra al frente de un negocio de licores en la localidad venezolana de Chichiriviche. La confirmación es imprescindible para iniciar inmediatamente el proceso de extradición. En ese contexto, de todos los países en los que los etarras se han refugiado a lo largo de los años, Venezuela es en estos momentos el país en el que más cómodos se sienten. En la República Bolivariana, las Fuerzas de Seguridad calculan que hay unos 40 miembros de la banda terrorista ETA, de ellos, 21 tienen causas pendientes y otros 11 han pasado por el consulado español en los dos últimos años para regularizar su situación. Seis de los terroristas están acusados de la comisión de 22 asesinatos. Otros 11 miembros de la banda han vuelto a España al comprobar que no había ningún sumario abierto contra ellos, cuenta El Mundo. 

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, subrayó ayer que en España "la libertad de opinión y de prensa son principios absolutamente irrenunciables. El ministro pronunció estas palabras en una rueda de prensa conjunta con la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, al preguntarle por la información desvelada el pasado domingo por ABC, en el sentido de que altos cargos del Ejecutivo de Nicolás Maduro amenazaron con represalias, que podrían llegar a las expropiaciones, a las empresas españolas que operan en Venezuela, si no ejercen su influencia para que los medios de comunicación dejen de publicar noticias que, consideran, desprestigian la imagen del país. En ABC, García-Margallo confirmó la información difundida por el mismo periódico, sobre la reunión a la que fueron convocados el pasado día 12, en Caracas, responsables de las compañías españolas Telefónica, Repsol, BBVA, Mapfre, Iberia, Air Europa y Meliá.

Según los datos al cierre de 2014, los fondos de pensiones cuentan con 27.825 millones de euros invertidos en deuda pública española. La cifra no solo supone un 35% de todo el patrimonio que hay en fondos de pensiones, sino que también es un 340% superior a lo que se invertía en estos activos en 2008, antes de que estallara la crisis de las subprime, cuando solo se destinaban a deuda pública poco más de 6.000 millones de euros, o el 12% del total, apunta El Economista. 

El año pasado fue el de mayor inversión en centros y parques comerciales en España desde 2007: 2.500 millones, según la patronal del sector, AECC. Estos activos se han convertido en el gran dinamizador inmobiliario gracias sobre todo a las Socimi y a los fondos extranjeros. La mayoría de los expertos consultados son optimistas y, aunque ven difícil igualar las cifras de 2014, confían en que esta actividad seguirá atrayendo a los inversores este año. Sostienen que la mejora del consumo y los bajos tipos de interés mantendrán el empuje, afirma Cinco Días.  

España supera a Italia como líder mundial en la exportación de vino por el bajo precio, indica El Economista.  

El presidente del Gobierno ha instado a sus ministros a acelerar las reformas pendientes con un doble objetivo. Por un lado, apuntalar el crecimiento económico, pero, sobre todo, evitar que las múltiples citas electorales de este año proyecten una imagen de parálisis o parón de la actividad del Gabinete. De hecho, durante el debate sobre el estado de la nación, que se celebra la semana que viene –el 24 y el 25 de febrero–, Rajoy anunciará la puesta en marcha de las iniciativas que están más avanzadas. Fuentes cercanas al presidente aseguran que una de las medidas que se activarán es la ley de segunda oportunidad, que prevé auxiliar a los autónomos cuyo negocio quiebre. Además, el Ministerio de Empleo estudia la puesta en marcha de nuevas bonificaciones a la contratación de parados que hayan agotado todas las ayudas, y el de Justicia anuncia que la reforma de la ley de tasas judiciales estará lista "en días". La consigna es que los comicios no pueden frenar el impulso reformista, explica Cinco Días.

El empresario que afirma que Felip Puig Godes, que ocupó en su momento la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat y, en la actualidad, es consejero de Empresa y Ocupación, le pidió el cinco por cien de comisión para adjudicarle una obra en el Puerto de Barcelona, formalizó la semana pasada la denuncia por este asunto, que ya está judicializado en la Audiencia Nacional. Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del caso, el industrial galo ofreció todo tipo de detalles de cómo ocurrieron los hechos y corroboró que la petición de comisión para adjudicarle el contrato era del cinco por ciento. 

La Policía Nacional cree que el coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García Grande, estuvo en la nómina de El Pequeño Nicolás. Los agentes sospechan que el cargo del PP recibió 5.000 euros de manos del joven por facilitarle información reservada y vehículos oficiales para pasear, entre otros, al alcalde de Miami, Tomás Pedro Regalado. Así se desprende de un informe de Asuntos Internos, al que ha tenido acceso EL MUNDO.

José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com