En México, las energéticas privadas tanto nacionales como extranjeras (entre ellas, muchas españolas, destacando Iberdrola, Repsol, Naturgy y Acciona) aplauden el fracaso de la reforma eléctrica que pretendía Andrés Manuel López Obrador. Y por cierto, ha sido el primer rechazo de la Cámara de Diputados a una iniciativa del partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reflejándose la mayoría que perdió en las elecciones legislativas del pasado junio.

AMLO no ha obtenido la mayoría cualificada (establecida en dos tercios) que requería para sacar adelante su propuesta de reforma constitucional del sector eléctrico, la cual incluía modificaciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE): recibió 275 votos a favor, pero necesitaba al menos 334, y 223 votos en contra. La reacción de AMLO ha sido acusar a un grupo de legisladores (los de los partidos de la oposición -PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano-) de haber cometido “un acto de traición a México”, así como de ser “defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar, y estos diputados los respaldaron”.

Carlos Serrano, economista jefe de BBVA en México, había cifrado en al menos 40.000 millones de dólares (unos 37.042 millones de euros) las inversiones que se ponían en riesgo con la reforma eléctrica

Dicha reforma pretendía limitar la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, en el sector eléctrico: quería que al menos el 54% de la energía fuera gestionada por la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente al 38% del que se encarga actualmente. Así, AMLO buscaba reducir la participación de empresas privadas del 62% al 46% en el sector eléctrico, años después de que su antecesor, Enrique Peña Nieto, lo liberalizara. Pero la Cámara de Diputados lo ha impedido, a pesar de que días antes la Suprema Corte de Justicia de México señalara que las modificaciones en la Ley de la Industria Eléctrica se ajustaban a la legalidad y de que AMLO presumiera de que esto era “una decisión histórica y patriota en beneficio de México”.

España es el segundo inversor extranjero en el país azteca, tras EEUU, y sólo en el sector eléctrico participan más de 40 compañías y otras muchas en el sector energético en su conjunto. Carlos Serrano, economista jefe de BBVA en México, había cifrado en al menos 40.000 millones de dólares (unos 37.042 millones de euros) las inversiones que se ponían en riesgo con la reforma eléctrica de AMLO y había advertido que “dejaría obsoletas las inversiones que han realizado estas empresas. Esto, en términos económicos, sería comparable a una expropiación”. Sin embargo, tras el rechazo de la Cámara de Diputados, AMLO ya tiene un plan b para resarcirse: la nacionalización del litio a través de la modificación de la Ley Minera... porque sólo requiere de una mayoría simple para salir adelante. El presidente mexicano aspira a crear una empresa estatal para que el litio, un mineral clave para fabricar baterías de dispositivos electrónicos y coches eléctricos que se conoce como el ‘oro blanco’, sea “de la nación y administrado por el Estado mexicano”, no permitiendo que los extranjeros lo exploten a pesar de que tengan concesiones previas.