¿Ley de cambio climático o ley del caos climático? Esa es la gran pregunta, como en el shakesperiano ser o no ser de Hamlet, aunque de momento hay más de lo segundo, por las posibles consecuencias, que de lo primero, a falta de concreciones. Puede haber un cierto consenso, en líneas gruesas, sobre los retos que habrá que afrontar en el futuro para reducir, en línea con Europa, las emisiones contaminantes de CO2, pero el desecuentro es clamoroso en el plano político y empresarial.

Esa ley, como vende con tenacidad la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, trasformará radicalmente el modelo energético español, pero nadie sabe cómo y con qué efectos. Adelanta, por tanto, una compleja negociación política marcada por una doble realidad: la posición parlamentaria del Gobierno Sánchez, con 84 diputados, y la falta de acuerdo con el resto de partidos sobre los tiempos.

El reto para descarbonizar la economía choca con la ausencia de planificación para conducir el proceso

Una ensalada, en fin, aderezada con las prisas del Gobierno para presentar en el Congreso la ley antes de fin de año (queda un mes), Ribera dixit. Sin embargo, todo lo que ha dicho hasta ahora tiene más de brindis al sol que otra cosa, navegando entre en las intranquilas aguas de la indefinición y las de la descoordinación, dentro del propio Ejecutivo.

La oposición del resto se supone. Por falta de ambición del proyecto, como ha dicho Juan López de Uralde, diputado de Podemos, o por ser un conjunto de “ocurrencias y chapuzas”, en el entender de José Manuel Villegas, portavoz de Ciudadanos, o un "cortocircuito" para un acuerdo, como ha reprochado Guillermo Mariscal, diputado del PP y portavoz en la Comisión de Energía.

Endesa, Iberdrola y Naturgy necesitan saber qué pasa con las nucleares, lo mismo que Repsol y Cepsa con el gas

Claro que todo lo anterior afecta a la esfera política, un punto claro de desencuentro, pero que queda incompleto sin el otro desencuentro, todavía más crecido, en la esfera empresarial.

Las reformas, en efecto, condicionan los planes de la industria del motor, que se ha alzado en armas contra la prohibición de la venta de vehículos diésel, gasolina e híbridos desde 2040, y de su circulación, a partir de 2050. La ministra ha vuelto a dar prueba de su inflexibilidad en el calendario porque “no hay dudas” en el Gobierno sobre el plan, o lo que es lo mismo: ha enervado más todavía a los fabricantes. La razón la da ella misma, porque se trata de un “documento de trabajo abierto”, o como ha dicho la ministra de Industria, Reyes Maroto, el Gobierno “no ha anunciado, ni aprobado nada, sólo ha abierto un debate”.  ¡Y tanto! O la guinda del pastel.

El enfretamiento entre los fabricantes, agrupados en Anfac, y el Gobierno es total. Básicamente, porque hay un desajuste formidable entre las metas de uno para la descarbonización de la economía y la planificación que exigen los otros. Todo ello, junto a otra realidad inapelable: las plantas españolas no están preparadas para el vehículo eléctrico del futuro.  Sólo los producen la fábrica del grupo PSA (Peugeot, Citroën) en Vigo y la de Nissan en Barcelona.

Del acuerdo con la industria del motor depende el futuro de 300.000 empleos (directos e indirectos)

Del acuerdo entre las dos partes depende lo más importante, porque de esa industria cuelga más del 10% de PIB y 300.000 empleos, entre puestos de trabajo directos e indirectos, que es lo que pone sobre la mesa el sector para negociar.

Y a ese argumento de presión añade otro: la ausencia de ayudas. Teresa Ribera asegura que las medidas propuestas en España, para cerrar el paso a los vehículos de motores de combustión, son dimilares a las de otros países europeos, pero calla, según el motor, que se limitan, de momento, a 74,5 millones de euros. Nada que ver con los 1.700 que suman en Reino Unido o los 2.000 de Alemania. Este último país sabe lo que se juega y se ha tomado en serio el coche eléctrico, entre otras cosas porque no quiere quedarse atrás. Es la razón por la Volkswagen ha movilizado 320.000 millones en inversiones a ese objetivo.

La guinda de Maroto: “El Gobierno no ha anunciado ni aprobado nada, sólo ha abierto un debate”

En cualquier caso, el debate abierto, según la ministra Maroto, afecta a muchos más, además de al sufrido consumidor, que no se aclara, básicamente a eléctricas y petroleras. Con nombres, Endesa, Iberdrola y Naturgy, y también Repsol y Cepsa. Ese es el tablero de discusión, mientras no hay una definición clara sobre nada, salvo de las fechas de cierre de las centrales térmicas de carbón.

Lo demás es una nebulosa. El objetivo parece claro: una reconversión para que el 100% de la generación provenga de las energías renovables en 2050, pero ¿qué ocurre, hasta entonces, con los combustibles, la energía nuclear o el gas?

Si el desencuentro es evidente en la negociación política, es clamoroso en el pulso con las empresas

Todas las empresas afectadas coinciden en la insensatez de programar planes a 20 y 30 años, frente a datos incontestables, como la aportación actual al sistema de las centrales nucleares (más del 20% de suministro de electricidad, que contrasta, por ejemplo, con la gran promesa de renovables, mientras que de los últimos 9.000 MW subastados los dos últimos años, sólo se han instalado 90. Ojo, cuando la nueva ley pretende que funcionen 3.000 MW nuevos por año.

Y a todo lo anterior se une el torpedo lanzado contra la alternativa del gas, licuado o comprimido, para los automóviles, que cabrea a Repsol, Cepsa y Naturgy.

Volvemos al principio. La ley necesitará apoyos para su aprobación, para lo que el Gobierno cuenta con Podemos, nacionalistas e independentistas, mientras las empresas carecen de interlocutores directos en esa negociación, salvo por la vía indirecta, con organizaciones empresariales o sectoriales, CEOE, Unesa o Anfac.