El plan de máximos de la ministra Teresa Ribera para imponer por plazos el vehículo eléctrico saca de quicio a tres empresas directamente implicadas: las petroleras Repsol y Cepsa y Naturgy, primer operador de gas y tercero eléctrico. Ninguna de ellas quiere perder las oportunidades que se abren con el proceso de transición energética, pero eso es una cosa, y otra, muy distinta, acabar por entregas con todo lo que se mueve ahora, nunca mejor dicho.

En primer término, la amenaza de la ministra de Transición Ecológica torpedea los planes de las tres energéticas para defender la alternativa del gas natural, licuado o comprimido, para los automóviles, frente a los carburantes tradicionales de la gasolina o diésel.

Otra cosa es la realidad, tanto de esa alternativa como de las empresas afectadas, atentas por necesidad a todas las opciones actuales, en las que se juegan parte de su negocio. Dicho de otro modo, las dos petroleras, sobre todo Repsol, no renuncian a nada en la oferta a los clientes, como es lógico.

Las tres presionan a Ribera para que se ablande, aunque la ministra se la juega, ante todo, con la fuga de multinacionales del motor

Y desde la realidad también, la presión que más fuerza puede ejercer sobre el Gobierno es la del sector del motor, del que depende un 12% del PIB español. Si el Gobierno desfigura los planes de la industria, la respuesta más radical de los las multinacionales instaladas en suelo patrio (Renault, Opel, Ford o Volkswagen) puede ser la fuga. Ninguna de ellas se pronunciado de momento por la deslocalización., aunque hay grandes divergencias en las rentabilidad de sus plantas.

Ahora bien, las últimas cifras sobre las ventas de vehículos en España ponen de relieve el escaso protagonismo del gas en el mercado del motor. Los modelos híbridos de gas matriculados rondan los 62.000 con gas licuado derivado del petróleo (GLP) -el autogás de Repsol o el autogás de Cepsa- y 4.500 con gas comprimido (GNC), la alternativa de Naturgy en las grandes ciudades (autobuses) y para camiones.

En Madrid comienza a circular el rumor, no del desguace de coches, sino de cambios en el calendario del Gobierno... para desguazar coches.

Tiene más lógica si cabe, con esas cifras, que las petroleras o gasistas defiendan que son multienergéticas, lo que pasa por atender al cliente en todo lo que demande. Ahora bien, el guión de prohibiciones de Ribera -a la venta desde 2040 de todos los vehículos no eléctricos y condena al desguace partir de 2050 de los turismos y furgonetas de gasolina, diésel, híbridos o de gas natural-, choca con otra realidad: el fin programado de las estaciones de servicio. Es la arquitectura que sostiene las 3.400 gasolineras de Repsol y las 1.700 de Cepsa. Otra cosa es, de esas gasolineras, cuántas tienen puntos de recarga de gas: de las 600 con esa opción, 400 son de Repsol y 200 del resto (Cepsa, BP o Disan).

A esas razones se unen también para presionar a la ministra. Dicho sea todo: no para rechazar el cumplimiento de las metas medioambientales de recorte de emisiones de CO2 -de acuerdo con el criterio de Bruselas y la Cumbre de París, que comparten-, sino para hacerlo compatible con un doble reto paralelo: la mejorar la eficiencia energética de los combustibles  y el desarrollo de las energías renovables. Se reparten a partes igual la reducción de emisiones de CO2.

A ese argumento se une otro, el de las prohibiciones en sí, que puede contravenir la directiva europea sobre la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos al petróleo para fomentar el vehículo eléctrico. Censura, en concreto, que se prohíban los combustibles alternativos, como el gas para los vehículos de los híbridos. Todo ello, sin olvidar la restricción que supone a la libertad del consumidor a la hora de elegir los combustibles alternativos.

Prohibir combustibles alternativos choca con la directiva europea sobre libertad del consumidor

Desde ese punto de vista, la alternativa del gas tiene sentido, no sólo porque es más barato para el consumidor, sino porque contribuyen a la reducción de emisiones de CO2 (un 15% menos que la gasolina y un 70% menos que el diésel). Por ese motivo, tienen la consideración  ECO en el etiquetado, lo que le permite circular sin problemas en el centro de las ciudades. Entre las voces a favor del papel que puede tener el gas renovable (nulo a efectos de CO2) en la trasición energética está también la Asociación Españoña de Biogás, de la forma parte Nedgia, la distribuidora de Naturgy. Lo defiende como "solución de presente y futuro para la movilidad", según el último comunicado.

En medio de la concusión creada, en Madrid comienza a circular el rumor de que el Gobierno prepara cambios en el calendario de máximos. A los encuentros en el Ministerio de Transición Ecológica se han acercado todos, hasta la Asociación de Operadores de GLP, que hace frente con las petroleras en defensa del gas licuado, sobre todo en zonas rurales, donde no llega la red habitual de gas natural, pero departamento sigue sin develar sus planes.