En la reunión de seguimiento de las medidas de respuesta a la guerra en Oriente Medio, se ha avanzado que el Gobierno Sánchez no dejará el control semanal de los precios de los carburantes, sino que lo mantendrá hasta final de año. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, han confirmado que se prorroga la obligación de los operadores al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino en España de informar semanalmente a la CNMC sobre sus costes de adquisición y los precios de venta de carburante en las estaciones de servicio.
En un principio, el citado Plan de Respuesta, en vigor desde el pasado 20 de marzo, preveía que dicha obligación duraría tres meses prorrogables. Por lo que no acabará el próximo 20 de junio sino que en el Consejo de Ministros del martes 16 se prorrogará hasta final de año. Todo esto en un contexto internacional en el que EEUU ha anunciado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, pero Israel no asume una parte del mismo y sus tropas seguirán en las “zonas de seguridad” de Líbano.
En la citada reunión de seguimiento de las medidas de respuesta no sólo ha participado Sara Aagesen, sino también el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, así los CEOs de Enagás y Exolum, Arturo Gonzalo y Javier Goñi, respectivamente. También han asistido representantes de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) y de la Asociación Española del Gas (Sedigas). Y en los próximos días, Cuerpo se reunirá también con el sector agroalimentario, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y con el sector industrial, junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
El Gobierno ha aprovechado para presumir de que el Plan de Respuesta “está cumpliendo su objetivo de amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo. El Plan está teniendo un efecto cercano a un punto porcentual de moderación sobre la tasa interanual de inflación general, y se está notando especialmente en los carburantes”. Asimismo, se ha mencionado que “el escudo renovable -es decir, la apuesta decidida por las energías verdes y la electrificación- sitúa a España en mejores condiciones para afrontar la volatilidad de los mercados energéticos y proteger a empresas y hogares”, olvidando que las renovables no bastan y que los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) suponen el 81% de la demanda mundial de energía primaria y no se pueden sustituir por renovables, como recordaron en la última Junta de Accionistas de Repsol.
Y por cierto, el control semanal de los precios de los carburantes por parte de la CNMC se hará con dicho organismo en plena transición. Como saben, el próximo día 16 concluye el mandato de su presidenta, Cani Fernández; y de otros tres consejeros Pilar Sánchez (quien dejó el cargo vacante hace unos meses y que fue porpuesta por el PSOE), Josep María Salas (fue propuesto por ERC) y Carlos Aguilar (nombrado a propuesta de Podemos). Habrá que ver a quien se elige para sustituirlos, pero todo apunta a que seguirá creciendo el desastre de los reguladores españoles, controlados por Moncloa, aunque Fernández dijo que quería un sucesor con “capacidad técnica y sentido común”.
En paralelo, Bruselas quiere quitar los impuestos de la electricidad para la gran industria y los vulnerables. De hecho, así se recoge en el documento que la Comisión Europea presentará el próximo día 22 y al que ha accedido El Economista. Una iniciativa con la que busca modificar las reglas del mercado eléctrico y la fiscalidad para que la luz soporte menos impuestos que los combustibles fósiles y se retiren de la factura de la luz los cargos que no estén directamente relacionados con la energía. En España, la industria ya ha pedido medidas para abaratar su elevada factura eléctrica.
