Nuevo escándalo del Sanchismo. Y son ya tantos que se pierde la cuenta y también va disminuyendo nuestra capacidad de indignarnos, porque la sucesión de escándalos nos va narcotizando. 

El último es que el Tribunal de Cuentas ha certificado que el Gobierno usó 2.389,4 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE para pagar las pensiones. Esto es lo que dice el alto tribunal en su nota de prensa: "La insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del servicio 50 'Mecanismo de Recuperación y Resiliencia', al considerar que no comprometían el cumplimiento del PRTR ni la capacidad de absorción del MRR. A juicio del Tribunal, esta actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes en el servicio 50, para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio". 

Y es que todo el mundo sabe que esos fondos europeos deberían usarse para realizar cambios estructurales en la economía española, y buscar nuevas fuentes de producción y para crear riqueza.

Pero no. Con la jeta que le caracteriza, la entonces ministra de Hacienda María Jesús Montero los dedicó a pagar las pensiones. 

Falta por saber la reacción de la UE ante este nuevo escándalo. Aunque fuentes de la Comisión Europea han indicado a El Español que están "revisando toda la información y estamos en contacto con las autoridades españolas al respecto". 

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas critica la ausencia de presupuestos en 2024: "La falta de presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 determinó que durante todo el ejercicio estuviesen en vigor los prorrogados de 2023, como consecuencia de lo cual ha existido una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria".

En este sentido, además, cuatro consejeros han señalado en sus votos particulares que no presentar presupuestos constituye  un "incumplimiento" de la Constitución. 

Ya se han producido algunas reacciones políticas. Por ejemplo, la del PP: