El punto de inflexión, lo que de verdad alertó a Carlos Torres, fue su citación para declarar como testigo a mediados de octubre. Una comparecencia forzada por el fiscal Alejandro Cabaleiro, azote de la entidad y su presidente durante la instrucción. El juez Manuel García-Castellón, por el contrario, ha sido siempre partidario, no sólo de no imputar al presidente, sino de desimputar a la actualmente imputada BBVA SA. Y eso a pesar de los cabreos provocados por la defensa al no aportar la información solicitada por el juez en tiempo y forma.

Aquella comparecencia no sirvió para nada -todos eran malos menos él, que es un buen hombre y se enteró por la prensa- salvo para que Torres se diera cuenta de que corría peligro y podía acabar como imputado. No en vano, Cenyt, la empresa de Villarejo, siguió trabajando para el banco hasta 2017, cuando Torres ya llevaba dos años como consejero delegado de la entidad.

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Toda la estrategia de la defensa, impulsada por el propio Torres y pilotada por Garrigues, consistente en salvar al presidente antes que a la entidad, podía venirse abajo por culpa del fiscal Cabaleiro, empeñado en imputar, tanto a Torres como a BBVA SA.

Ante amenazas serias, soluciones radicales, debió pensar Torres, que ha buscado -y encontrado- amparo en el Gobierno. Así, en vísperas del cierre de la instrucción, el fiscal general de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha ordenado a Cabaleiro que rebaje el tono contra Torres y la persona jurídica BBVA para que el juez García-Castellón, pasara a juicio oral sin imputar a Torres -nunca ha querido hacerlo- y desimputando a BBVA SA, algo que siempre ha buscado.

Y miren por dónde, en este contexto es en el que el BBVA prestó su apoyo financiero a PRISA, como adelantó Hispanidad. Al final todos ganan: Torres, el BBVA, PRISA, el Gobierno… Esos son los acuerdos que merecen de verdad la pena.