Juicios varios por la intervención del Banco Popular. La noticia es doble: por una lado el juez José Luis Calama no renuncia a la causa penal que se sigue contra los directivos del Banco Popular, contra los equipos directivos de Ángel Ron y de Emilio Saracho, cuya gestión habría provocado la intervención de la Junta de Resolución europea (JUR) y su venta al Santander por 1 euro, el 6 de junio de 2017. Ha llamado a los inspectores del Banco Central Europeo (BCE) para que digan si el Popular era solvente o estaba quebrado. Le están poniendo todas las pegas del mundo -secreto profesional y esas cosas-.

La otra, que el Santander, banco adquiriente, por un euro, se está empezando a poner nervioso por cómo se está concretando el asunto en los juicios civiles en España y en el penal de la Audiencia Nacional y acaba de contratar a otra firma consultora, además de su asesor habitual, Uría y Menéndez.

El Santander se enfrenta, o bien a una responsabilidad civil subsidiaria, o a bien a un enriquecimiento injusto

Encima, el juez Calama ha llamado a declarar a los inspectores del Banco Central Europeo (BCE). Lo previsible es que ratifiquen lo que ya dijeron los inspectores-peritos del Banco de España: que el Popular era solvente y que, además, su patrimonio era de 11.000 millones de euros... propiedad de unos accionistas que se quedaron sin un real.

En el fondo, el problema resulta muy simple: el Santander se está poniendo nervioso porque si la conclusión final es que el Banco Popular estaba bien, mal para el Santander. Alguien le preguntará porque se lo regalaron por un euro y tendrá que hacer frente al dinero que le exigen accionistas y bonistas en calidad de responsable civil subsidiario.

Y si el Popular estaba mal, si estaba quebrado, si no era solvente, aún peor, porque las demandas podrían ser mayores: el sujeto activo querellante y los objetos de querella se multiplicarían y aducirían que el supervisor, que es el mismo que el interventor, la JUR de la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE), además de los reguladores europeos, no hicieron bien su trabajo y son susceptibles de reclamación. Si bien, mal; si mal, peor.

Y todo esto demuestra que la intervención de Elke König fue una chapuza y una maniobra con fuego real, donde se trataba de intervenir un banco y regalárselo a otro, banco, por cierto, de un gobierno débil (con Italia y el banco-caja de Siena también lo intentaron y el gobierno de Roma le paró los pies a Bruselas), como modelo para futuras crisis bancarias. Y si encima, el masacrado era el 'banco del Opus', mejor que mejor. Son los nuevos 'valores europeos'.

Dicho de otra forma: no se puede comprar por un euro lo que patrimonialmente valía 11.000 millones de euros y en bolsa, a pesar de la desastrosa gestión de Emilio Saracho, 1.300. La intervención del Popular fue una merienda de negros (tranquilos Google, es una expresión procedente de Gran Bretaña, nada de racismo).

La esperanza de Ana Botín es que los tribunales europeos den el visto bueno a la insidiosa intervención del Popu y su venta al Santander por un euro. Aún así quedan los tribunales españoles

En definitiva, el Santander se enfrenta, o bien a una responsabilidad civil subsidiaria, o a una acusación de enriquecimiento injusto, al haberse quedado por un euro con una entidad que valía 11.000 millones.

La esperanza de Ana Botín es que los tribunales europeos den el visto bueno a la insidiosa intervención del Popu por parte europea y su venta por un euro. Aún así, quedan los tribunales civiles españoles y el motor de prueba del caso penal que se sigue en la Audiencia nacional, y donde el juez Calama, con buen criterio, se ha empeñado, no sólo en condenar o exonerar a Ángel Ron, que tenía el banco bien controlado (aunque no el Consejo), o a Emilio Saracho, que llegó para venderlo y lo destrozó, cobrando cinco millones de euros por cinco meses de trabajo, sino que pretende saber no si se intervino bien el Popular, sino si el Popular debía ser intervenido.

¿Se imaginan que los tribunales europeos dijeran que la primera intervención de la Europa bancaria fue falsa e innecesaria, que obliguen al BCE a devolver 11.000 millones de euros? ¡Qué fueeeerte!

Claro que esta opción es de justicia: poco que ver con los tribunales de justicia de Luxemburgo.