Más novedades dentro de la pieza 17 del ‘caso Villarejo’, la que afecta a Iberdrola: la Audiencia Nacional ha imputado a Ignacio Sánchez Galán, presidente y CEO de la eléctrica, pero no a la compañía, que por ahora, se libra. Ojo, a las consecuencias, porque como decíamos ayer, Galán no estará obligado a dimitir, aunque este miércoles, sí hay repercusión en la cotización (bajaba más un 1,5% a media mañana y al final ha cerrado la sesión con una caída del 3,56%).

El titular del Juzgado Central número 6, Manuel García-Castellón, ha hecho lo que le pedía la Fiscalía Anticorrupción en un escrito recibido el 22 de junio. En el auto, que curiosamente también tiene fecha de 22 de junio, ha citado como investigados (o sea, como imputados) para que declaren judicialmente a: Galán; al número dos de la eléctrica, Francisco Martínez Córcoles; y a otros dos extrabajadores (el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el ex jefe de Gabinete de Galán, Rafael Orbegozo). Y por cierto, las imputaciones llegan a poco de que vaya a cumplirse un mes desde que Galán se adelantará a la Justicia, poniendo a todos los directivos (incluido él mismo) de Iberdrola a disposición de García-Castellón

El juez García-Castellón les imputa la presunta participación en un delito continuado de cohecho activo (se contrató a Villarejo, cuando esté prestaba servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía), en un delito contra la intimidad y en un delito continuado de falsedad en documento mercantil 

En el auto, el juez considera “la existencia de indicios de su presunta participación en la comisión de delito continuado de cohecho activo, tipificado en el artículo 424 del Código Penal (C.P.), delito contra la intimidad, tipificado en el artículo 197 y 198 del C.P., delito continuado de falsedad en documento mercantil cometida por particular, tipificado en el artículo 392.1 en relación con el artículo 390.1.1º del C.P.” El más importante es el delito de cohecho, del que se derivan el resto, dado que el juez García-Castellón cree que “pudieron participar en la contratación de los servicios del investigado José Manuel Villarejo Pérez cuando se encontraba prestando servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, manipulándose, además, las facturas correspondientes a los servicios prestados y accediendo a datos reservados de las personas sometidas a investigación”.

Entre otros aspectos, en el auto se recoge que en octubre de 2004, el entonces director de Seguridad de Iberdrola (y también investigado en el ‘caso Villarejo’), Antonio Asenjo, encargó al Grupo Cenyt (la empresa de Villarejo), al tiempo que Villarejo prestaba servicio activo en la Policía) el proyecto Arrow para superar los obstáculos en la construcción y puesta en funcionamiento de la central de ciclo combinado ubicada en Arcos de la Frontera (Cádiz). En 2009, Asenjo encargó a Villarejo (que seguía en servicio activo en la Policía) los denominados proyectos Gipsy y Posy. En Gipsy se investigó a José María Álvarez Vázquez, que fue director de servicios generales de Iberdrola, y a Francisco Julián Gutiérrez Santiago, proveedor de la eléctrica, porque Iberdrola sospechaba que en la contratación de los servicios pudiera mediar el pago de comisiones ilegales, extendiéndose la investigación a las vinculaciones que Álvarez Vázquez hubiera podido tener con Florentino Pérez, presidente de ACS. Y en Posy se investigó a Florentino Pérez para conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola.

En el auto se refieren, entre otros, el proyecto Gipsy, en el que se investigó a José María Álvarez Vázquez y sus vinculaciones con Florentino Pérez, y a Francisco Julián Gutiérrez Santiago; y el proyecto Posy, que investigó al presidente de ACS

Conviene recordar que, hasta ahora, la eléctrica no está imputada, como sí sucedió con BBVA en la pieza separada número 9 del ‘caso Villarejo’. Eso sí, conviene fijarse en las consecuencias de la imputación de Galán, porque, como saben no estará obligado a dimitir. Recuerden que se blindó para este supuesto en la Junta de Accionistas de 2020 con un sutilísimo sistema que fue aprobado por mayoría búlgara (99,9%): se modificó el artículo 8 de los Estatutos Sociales para “dar cumplimiento estatutario al Sistema de Cumplimiento y a la Unidad de Cumplimiento”, añadiendo los puntos 8 y 9, por los que la medición e instrumentación del Código Ético y del Sistema de gobierno corporativo será tarea de la Unidad de Cumplimiento. Se trata de un órgano vinculado a la Comisión de Desarrollo Sostenible y en caso de que Galán fuera imputado, como ha ocurrido ahora, el tema lo revisará dicha unidad, por tanto, sus propios subordinados.

Galán se blindó en la Junta de Accionistas de 2020 con un sutilísimo sistema. La Unidad de Cumplimiento (es decir, sus propios subordinados) será la que revise si debe dimitir o no al resultar imputado

Este sutilísimo sistema blinda a Galán en la presidencia de Iberdrola, pese a que el Reglamento del Consejo de Administración, en el artículo 21.3, cita casos en que los consejeros deberán dimitir. Entre ellos, el el apartado b señala: “Cuando por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la Sociedad o surgiera riesgo de responsabilidad penal para la Sociedad o alguna de las sociedades del Grupo”. Por ahora, el daño en la reputación de la eléctrica se puede poner en duda, porque sigue siendo la segunda mayor capitalizada del Ibex, aunque este miércoles su cotización ha caído un 3,56%.

Y por cierto, la eléctrica ya se prepara para defender legalmente a su presidente y a Martínez Córcoles, pues la cúpula, incluido su consejo de administración, ha cerrado filas, según señala Expansión. No hay que olvidar que Julián Martínez-Simancas se va del Consejo (la Junta de Accionistas celebrada el pasado viernes ha sido la última que ha vivido como secretario del Consejo), pero se quedará como asesor externo de Galán: es más, continuará siendo el hombre clave y de confianza de Galán que lleve todo lo relacionado con el ‘caso Villarejo’ y con Florentino Pérez (¡Oh capitán, mi capitán!) y ACS. Por cierto, recuerden que Iberdrola ya lleva dos demandas contra ACS -una incluye a Florentino Pérez-, por ninguna de la constructora y ahora surge la duda de si ACS se atreverá a presentar una contra la eléctrica o seguirá como hasta ahora. 

La CEO de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, no responde sobre la imputación de Galán y la posibilidad de que dimita: “Para tratar este asunto me gustaría que contactarais a través de los canales de comunicación habituales de la compañía”. Ni tampoco sobre el impacto en los fondos

Al ser preguntada sobre la imputación de Galán y la posibilidad de que dimita, la CEO de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, que ha participado en el seminario organizado por la APIE en la UIMP, ha respondido que le habían invitado a hablar de la transición energética y que “para tratar este asunto me gustaría que contactarais a través de los canales de comunicación habituales de la compañía”. Más tarde, los periodistas le han preguntado por el impacto en los fondos que tienen a Iberdrola en sus carteras de inversión y ha salido por la tangente, aludiendo a que tendrían que responder los fondos.

Respecto a este último asunto, recuerden que Galán llegó blindado y tranquilo a la Junta de Accionistas de Iberdrola celebrada el pasado viernes, tras haber seducido a los grandes proxy (Glass Lewis e ISS) y a los fondos de inversión que tiene como accionistas, sobre todo al qatarí. Así, sacó adelante las 27 propuestas planteadas. No obstante, se debe destacar que Glass Lewis e ISS recomendaban el voto favorable a las propuestas, pero se reservaban la posibilidad de cambiar su recomendación si se daban novedades relacionadas con el ‘caso Villarejo’, aunque no tendrá efecto porque la Junta ya se ha celebrado.