El Ayuntamiento de Barcelona, en el ejercicio de 2016, el primero completo que estuvo encabezado por la líder de «En Comú Podem» Ada Colau, fue el gran consistorio español que más -y por más importe- fragmentó la llamada «contratación menor», prevista para agilizar procesos administrativos, pero que también puede convertirse en un atajo para aprobar ciertos gastos, según un informe del Tribunal de Cuentas del que informa La Razón.

El pleno del Tribunal que preside María José de la Fuente y de la Calle aprobó el 19 de diciembre pasado el «Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, ejercicio 2016», que fue realizado a iniciativa de la propia institución. Los «contratos menores» son los que, excluido el IVA, no alcanzan los 50.000 euros, en el caso de obras, o los 18.000 euros en los casos restantes, y su particularidad es que se pueden «adjudicar directamente», añade este medio.

El Tribunal de Cuentas llama la atención sobre lo ocurrido en Barcelona en 2016

El fraccionamiento es un recurso clásico de picaresca administrativa: consiste en celebrar diferentes contratos, con frecuencia con el mismo adjudicatario, por 49.999 euros en el caso de obras o de 17.999 en el resto de casos. El Tribunal de Cuentas ha detectado este tipo de «contratos menores» en todos los ayuntamientos y entiende que «en la mayor parte de los casos la contratación separada es consecuencia de una defectuosa planificación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas», explica La Razón.

Sin embargo, llama la atención sobre lo ocurrido en Barcelona en 2016: «en algunas ocasiones -dice el informe del Tribunal- la identidad del objeto de los contratos, de la unidad administrativa proponente y del adjudicatario, unido a la ausencia de solicitudes de otras ofertas permite concluir que el fraccionamiento de las prestaciones persiguió eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación legalmente aplicables; esta actuación se ha detectado en una parte de los contratos fiscalizados del Ayuntamiento de Barcelona, aunque se han identificado también casos aislados en los Ayuntamientos de Málaga y Valencia», cuenta La Razón.