Vox, a los tribunales. La izquierda -Podemos, IU y Madrid en Pie- han llevado a cabo su amenaza y, durante la mañana de este lunes, han presentado una denuncia a la Fiscalía contra el partido de Santiago Abascal. Aluden al artículo 510 del Código Penal para culpabilizar al grupo de delito de odio contra el colectivo LGTB. Según el procedimiento, es el acusado quien tiene que demostrar que la inculpación es falsa, mientras que el denunciante no tiene porqué justificar la acusación. 

Según Isabel Serra (Podemos), el único objetivo de Vox es "la intimidación, la persecución, hacer listas negras". Cabe recordar que es la misma que cargó contra la educación diferenciada concertada avisando que "esos conciertos se van a acabar". Y ciudado, porque entre otras declaraciones de sus compañeras destacan las de María Eugenia Rodríguez Palop -quien ya ha hecho pública su intención de asfixiar a la Iglesia económicamente con el fin de lapidar su influencia en la sociedad-: "La educación religiosa está discriminando a la ideología de género". Y es que el fin no es acabar con la concertada, sino con la educación religiosa.

Así mienten PSOE, PP, Cs y Podemos: niegan el lavado de cerebro a los menores en los colegios

Y es que todo este revuelo se da a raíz de la petición de Rocío Monasterio, candidata a la Comunidad de Madrid de Vox, para que se publicara la "relación de colegios públicos y concertados en los que COGAM -colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de la capital- ha realizado actividades informativas, formativas o de otra índole indicando la fecha de celebración de la actividad, el centro en el que se realiza el temario o información trasladada, breve descripción de la actividad o experiencia desde 2015". Poco después de saltar la noticia, el colectivo LGTB se movilizaba en las redes sociales utilizando la etiqueta "#VoxApuntaMiNombre".

En cuanto a las reacciones, destaca la de Ignacio Aguado (Ciudadanos) ha asegurado que “no dará un paso atrás” en derechos LGTB. A cambio, está dispuesto a retroceder en otros aspectos, como el derecho de los padres a decidir cómo se educa a sus hijos que garantiza el artículo 27 de la Constitución. 

Aguado asegura que “no dará un paso atrás” en derechos LGTB. A cambio, está dispuesto a retroceder en el derecho de los padres a decidir cómo se educa a sus hijos

Mientras, insisten desde RTVE que las charlas LGTB tan solo se imparten en las escuelas que lo solicitan. De ser así, se erró al llevar a la Fiscalía al director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Martínez, por enviar una carta a los padres asegurando que allí se impartía enseñanza católica y que, por tanto, no pensaba enseñar homosexualidad a los menores.

Insiste Isabel Díaz Ayuso (PP) en que no hay adoctrinamiento en los colegios madrileños. Ignora, tal vez, los tres decretos leyes (para Primaria, Secundaria y Bachillerato) de Cristina Cifuentes según los que colegios públicos, concertados y privados tenían que dar cabida a la identidad de género en las aulas... así como sus dos leyes sobre identidad de género.

En una sociedad cada vez más políticamente correcta Vox tendrá que vérselas en los tribunales con los defensores políticamente correctos del colectivo LGTB.