Este miércoles, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha insistido en el cierre de las centrales nucleares, priorizando las carísimas energías renovables. Todo ello en pro de la transición ecológica que quiere liderar para mitigar los efectos del cambio climático, como ha dado a conocer en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados.

Ribera ha confirmado la voluntad del Gobierno para cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan sus 40 años de vida útil tecnológica, a contar desde el inicio de su explotación comercial, en línea con el programa del PSOE. A este respecto ha criticado que no haya un plan nacional de tratamiento de residuos nucleares. Pero eso supondria empezar a cerrar reactores entre 2020 y 2024 lo cual, sencillamente, no es posible, salvo que se pretenda dispara la tarifa eléctrica.

La ministra ha considerado que es una ventaja que el sistema eléctrico español tenga una capacidad de generación “tan grande” que permite acompasar la salida de ciertas tecnologías y dar entrada a lo que deberá llegar sin producir impacto en la seguridad de suministro y la estabilidad o previsibilidad de cara a inversores y costes. Veremos si está o no en lo cierto…

Ribera confirma la voluntad del Gobierno para cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales cumplan 40 años de vida útil tecnológica

Ribera ha señalado que espera remitir antes de fin de año un proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTYE), así como la puesta en marcha de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 como pieza complementaria. En dicho Plan, entre otros aspectos, se contemplará el “progresivo cierre de instalaciones contaminantes” (térmicas, nucleares…). Eso sí, con una “transición justa”, acompañando “solidariamente a los trabajadores de sectores particularmente afectados por la transición hacia una economía baja en carbono o que sufran de manera especial los impactos del cambio climático”.

En cuanto a las térmicas, Ribera ha comentado que de las 15 centrales de carbón que hay en España, sólo ocho han hecho inversiones para seguir funcionando más allá de 2020. Sin embargo, ha criticado el hecho de que las siete restantes no han hecho ninguna inversión al respecto y por tanto, ha subrayado que “tienen poco margen de cómo seguir funcionando cuando el marco comunitario las obligue a cerrar”.

Respecto a la futura LCCTYE, Ribera ha señalado que debe recoger puntos fundamentales como la reducción de emisiones en un 20% para 2030 y en un 90% para 2050, respecto a los niveles que había en el año 1990. También deberá incluir sendas de descarbonización a largo plazo (2050) revisables cada cinco años, así como una alta introducción de energías renovables, “una activación de todas las potencialidades de la economía circular” y una apuesta por la eficiencia energética, la investigación, la innovación y la competitividad.

La ministra afirma que tendrá lugar una transición justa y solidaria con los trabajadores de sectores afectados

Ribera ha afirmado que “es preciso prohibir las prospecciones de combustibles fósiles y la minería en el fondo marino, y limitar la explotación industrial a actividades claramente incompatibles con la preservación de dicho fondo. Al hilo de esto, el Gobierno quiere favorecer la pesca artesanal y aumentar el número de áreas marinas protegidas. Y en cuanto al agua, Ribera ha añadido que es urgente elaborar un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, pues “17 ciudades españolas incumplen la normativa” actual al respecto.

Ribera, cómo no, se ha mostrado muy social, al hablar de una “transición justa y equitativa para los colectivos más vulnerables”. En este sentido, ha hablado de una ley para prohibir el corte de agua a las familias de dicho colectivo.

Y por último, una perla. A pesar de que Ribera validó el fiasco del Castor, ahora lo califica como “una infraestructura costosa y enormemente innecesaria”. Eso sí, ha subrayado que “no hay ningún daño ambiental ni patrimonial”.