Siete meses después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (también conocida como Marizú) rechazara el ERTE planteado por INDRA (el Estado es el máximo accionista con el 18,7% del capital), la compañía que preside Fernando Abril-Martorell hará ajustes.

No queda más remedio: la pandemia ha paralizado los servicios de outsourcing que presta INDRA a sus clientes a través de la filial Soluciones Tecnológicas de la Información, que cuenta actualmente con unos 13.000 empleados. Ahora bien, aunque es el negocio que emplea a un mayor número de personas, tiene menor margen que el negocio de la filial de Defensa, más pequeña en número de trabajadores y que depende exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado.

INDRA atraviesa una situación comprometida, especialmente la filial de TI, y ha iniciado el camino para llevar a cabo un despido colectivo, paso previo a la presentación de un ERE. Y a Marizú no le quedará más remedio que aceptarlo.