El rechazo del Congreso a los Presupuestos 2019 del Gobierno Sánchez tumba también la transición energética que tiene en mente la ministra Teresa Ribera, tanto desde el punto vista presupuestario, como, sobre todo, por el inviable el desarrollo legislativo, que depende de una mayoría parlamentaria ahora rota.

La única alternativa, así las cosas, depende de las puntadas del Gobierno a base de reales decretos, el mecanismo utilizado hasta ahora, una situación insostenible en el tiempo cuando se trata de dar cuerpo a una ley tan ambiciosa como la del Cambio Climático, fetiche de Sánchez y Ribera.

El Congreso ha convalidado este miércoles, precisamente, el último de los reales decretos previstos por la ministra -el que devuelve las competencias de energía a la CNMC- antes de dar el salto al Plan Nacional de Energía y Clima, cuyo borrador tiene previsto presentar el próximo día 22 al Consejo de Ministros.

El desarrollo de la Ley de Cambio Climático es inviable y el ministerio queda sin los fondos previstos

La ministra avanzó sus planes -grosso modo- un día antes, en el encuentro del Sector Energético organizado por IESE y Deloitte, el mismo foro en el que uno de los ingenieros asistentes le interpeló con una pregunta impertinente: hay realidades, como las redes, que ha costado 25 años construir, y “usted plantea un cambio radical en diez.”

El interés del interlocutor tenía que ver tanto con las inversiones teóricas (unos 200.000 millones hasta 2030), la planificación necesaria, la seguridad que ofrece España a los inversores y el desarrollo de una ley, que depende de un acuerdo político nada claro. Y a partir de ahí, el ingeniero de marras insistió: “cuando más se tarde, menos tiempo queda”.

Eso es, sin ir más lejos, lo que ha quedado reflejado este miércoles en el Hemiciclo a raíz de la convalidación del real decreto de enero, que alinea las competencias de la CNMC a la normativa comunitaria y con el veto a los Presupuestos, fragmentada la mayoría que impulsó la moción de censura.

El real decreto ha escenificado de nuevo las distancias entre la ministra y el postavoz de Energía del PP, Guillermo Salmerón (ambos en la imagen). Para Ribera es un paso más para acabar con la litigiosidad, porque da estabilidad y confianza a los inversores y consumidores. Salmerón, sin embargo, agarrándose a un clavo ardiendo -la exigencia es comunitaria y hubiera acabado en condena por el Tribunal de la UE-, ha defendido lo contrario: resta competitividad y, en paralelo, es el Gobierno Sánchez el que está generando una “incertidumbre continua” por su intervención en los precios de la energía.

Ribera ha insistido en la “previsión y claridad” para dar “estabilidad y confianza”, que es lo que ahora falta

Es la misma guerra, en fin, que se vislumbra para el desarrollo legislativo de la transición energética, que depende de los partidos y que por ese mismo motivo se puede eternizar.

Ese desarrollo afecta a muchas cuestiones, como el apagón nuclear en 2035, confirmado también por la ministra en el encuentro del IESE y Deloitte. Ribera, no obstante, al ser preguntada por el acuerdo que hace falta, se desmarcó, para no responder, con el apoyo de la sociedad y las empresas.

Eso sí, insistió en que una de las virtudes de futura Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, será la “previsión y claridad”, para evitar “el antiejemplo” que fue el cierre de la central de Garoña, por el choque entre sus propietarios, Iberdrola y Endesa.

De momento, el Gobierno ha sacado adelante tres reales decretos. Al de este miércoles se suman los anteriores sobre el autoconsumo y contra la pobreza energética y el de medidas urgentes para la transición energética. Queda, por tanto, todo lo demás para conformar el marco regulatorio y que sea una transición justa.

Y a todo lo anterior se unen, en fin, todas las medidas previstas en los Presupuestos vetados, desde la subida del impuesto del diésel, amén de otras tasas -IRPF y Sociedades- y un presupuesto de 7.189 millones para luchar contra el cambio climático.