Pedro Sánchez sigue subiendo en las encuestas y, si no es ahora -como parece- será después de unas nuevas elecciones cuando sea investido presidente. En otras palabras, no puede permitir que estalle una nueva crisis financiera. No mientras él tenga su residencia habitual en La Moncloa.
Y lo del IRPH era una amenaza. Bastó únicamente la opinión (no vinculante) del abogado general del TJUE para que las entidades se desplomaran en bolsa. Bankia, de la que el FROB posee un 60%, fue una de las más afectadas y perdió cerca del 3% de su cotización. Así es muy difícil acometer la privatización de la entidad, una de los retos que tendrá que asumir el próximo gobierno, presumiblemente, del PSOE.
Pero entonces apareció Nadia Calviño y la situación cambió radicalmente. Las pérdidas se convirtieron rápidamente en ganancias superiores al 1% (Caixabank y BBVA) y al 2% (Bankia, Sabadell, Santander y Bankinter). “Creo que no cabe prejuzgar cuál puede ser el impacto final puesto que se trata de la opinión del abogado general. Tenemos que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia”, afirmó la ministra de Economía en funciones. Para Calviño, el escrito del magistrado europeo, Maciej Szpunar, “no entra en el fondo del asunto y no determina la sentencia que finalmente dicten los tribunales españoles en cada uno de los casos correspondientes”.
Defensa a ultranza del sector bancario por parte del gobierno progresista de Sánchez. ¡Quién lo diría! Por eso, Calviño no quiso concluir su comparecencia sin recordar que el Ejecutivo está con el pueblo: “La nueva ley hipotecaria busca reforzar la protección de los consumidores y los ciudadanos, aumentando el número de meses de impago para ejecutar un contrato, reforzando las cautelas y el papel de los notarios, y mejorando la información y la formación de las personas que comercializan los productos bancarios”, declaró.
Una línea muy similar a la mostrada por la AEB y la CECA. “El Abogado General no considera nulo o abusivo ni el índice IRPH ni la cláusula que lo incorpora al contrato de préstamo”, aseguran las patronales del sector en un comunicado. “El Abogado General reafirma que los tribunales españoles son los competentes para analizar en cada caso particular el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y recuerda que el Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de diciembre de 2017, ya se pronunció sobre una cláusula contractual similar”, señalan.
