El estado de Victoria, en Australia, aprobó una ley que impone a los sacerdotes la obligación civil de denunciar los delitos de abuso infantil conocidos durante el Sacramento de la Confesión. Esta disposición contradice de manera directa las estrictas normas de la Iglesia sobre el Sigilo Sacramental y amenaza a los sacerdotes con enfrentar penas de hasta tres años de prisión, informa Gaudium Press.

"Lo más importante es enviar un mensaje de que la ley debe tomarse en serio, si las personas no la obedecen, las sanciones son muy significativas", indicó el Primer Ministro de Victoria, Daniel Andrews. Una ley similar fue aprobada en el estado australiano de Tasmania y, de manera similar a como lo ha anunciado repetidamente la Iglesia, el Arzobispo de Hobart, Mons. Julián Charles Porteous, advirtió que los sacerdote no pueden vulnerar el secreto de confesión a pesar de lo que determinen las normas civiles.

"Los sacerdotes y todos los que trabajan para la Iglesia entienden sus obligaciones ante la ley de informar sobre asuntos de abuso sexual infantil. Sin embargo, los sacerdotes no pueden cumplir con la ley que les exigiría violar su compromiso con la enseñanza constante de la Iglesia sobre la inviolabilidad del sello sacramental", indicó el Arzobispo en el mes de julio. "Como Arzobispo, es mi deber defender la enseñanza católica sobre este asunto".

"Como Arzobispo, es mi deber defender la enseñanza católica sobre este asunto", indicó Mons. Julián Charles Porteous

El prelado advirtió que el estado podría argumentar cualquier género de motivos para indagar los contenidos de las confesiones de los ciudadanos, pero "la realidad es que los santos, como San Mateo Correa Magallanes y San Juan Nepomuceno, que dieron su vida defendiendo el sello del confesionario, sabían que no importaba la razón dada por el gobierno, no importa cuán nobles fueran sus intenciones, romper el sigilo del confesionario constituiría el fin del Sacramento”.

En junio de este año ya informamos de que el Senado de California, con la presunta intención de proteger a los menores, redactó el Proyecto de Ley 360 con el que pretende eliminar el secreto de confesión a los sacerdotes en todo el Estado. Y en Chile, varios diputados aprobaron en mayo un proyecto de ley para obligar a los curas a romper el secreto sacramental en los casos de abusos sexuales.

El secreto de confesión supone que “esta hermosa relación está basada en la garantía divina de que lo que le decimos a Jesús en este sacramento permanecerá como algo privado y confidencial”, explicó monseñor José H. Gomez, arzobispo de Los Ángeles.