El Gobierno ha aprobado el real decreto-ley de medidas urgentes para combatir la pobreza energética, con una serie de medidas para contener la subida de los precios de luz. Recoge, como estaba previsto, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica y de hidrocarburos, pero será solo durante seis meses (por si alguien se había hecho demasiadas ilusiones). Y a esa medida se unen otras, con un común denominador: la escasa relevancia para el sistema eléctrico, a la espera de configurar una estrategia nacional contra la pobreza energética, que afecta a 4,6 millones de españoles, o definir el nuevo marco regulatorio, como el mix energético. 

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica (en la imagen, después del Consejo de Ministros), dicho de un modo rápido, vende tallos como rosas, algo que recuerda a los célebres brotes verdes que veía Elena Salgado, entonces ministra de Zapatero, cuando lo que se acercaba en realidad era una crisis en toda regla.

Queda suprimido el ‘impuesto del sol’, a la espera de regular el autoconsumo, igual de importante

El impacto de la supresión temporal del impuesto del 7% será una rebaja del 4% en el recibo. A Ribera no le ha quedado otra que admitir la escasa trascendencia (es “un alivio”) del parche.

A esa medida siguen otras, también anunciadas, como la supresión del llamado impuesto del sol, para favorecer el derecho al autoconsumo de electricidad (sobre todo compartido), sin peajes ni cargos. El propio Sánchez anunció que acabaría con ese impuesto del PP (la tasa por estar conectado a la red) en el debate de investidura. Otra cosa será la regulación del autoconsumo, tan importante como que baje el precio de la luz. De lo contrario, sería discriminatorio porque supondría que todos pagar las instalaciones de paneles de unos pocos. Ribera ha puesto de relieve la diferencia de instalaciones en España (1.000) frente a Alemania (1 millón), a pesar de tener menos sol. 

Ribera ‘resucita’ el colectivo monoparental, que constituyen en un 85% mujeres

Dentro de las medidas de protección al consumidor, queda suprimido el contrato a través de visitas domiciliarias (puerta a puerta), salvo que lo pida el consumidor, así como la posibilidad de contratar otra potencia más ajustada a las necesidades reales del hogar. El 40% de potencia contratada a finales de 2017 estaba entre 4 y 6 kW, cuando rebajarla en 0,5 kW puede suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros, según los cálculos de Ministerio de Transición Ecológica. Amén de otros cambios en la propia factura con precios regulados, como especificar los periodos de facturación o cómo hubiera sido con otros horarios de contratación.

El decreto introduce mejoras en el del bono social eléctrico, cuyo plazo para pedirlo se ha ampliado de octubre a final de año. A partir de mañana, que entra en vigor el decreto, se amplían los descuentos a un 15% más de electricidad consumida o de las menores exigencias de renta a las personas en situación de dependencia o las familias monoparentales, un nuevo colectivo que obsesiona al Gobierno y que constituyen en un 85% mujeres.

Otra novedad es el bono de calefacción (“térmico”), que se pagará en metálico para rebajar la factura de combustible o agua caliente, aunque varía según el clima de la región del consumidor el tipo de vivienda. Ese bono se costeará vía Presupuestos -a diferencia del eléctrico, que asumen las comercializadoras de electricidad-, con la recaudación de las subastas de derechos de emisión de CO2. La recaudación por esa vía era de 500 millones anuales, pero como esos derechos se han disparado, el Estado ha recaudado 1.500.

Prórroga extra para los permisos de acceso y conexión: peligra la instalación de la energía renovable subastada

Queda en una nebulosa cuál será el coste real, aunque el cálculo del Ministerio de Transición Ecológica lo sitúa en torno 300 millones.

El Gobierno ha aprobado también medidas para impulsar el cumplimiento de objetivos de la UE en energías renovables, el 20% en 2020. En ese sentido, se da una prórroga excepcional, hasta el 31 de diciembre, para los permisos de acceso y conexión, para que puedan entrar en funcionamiento los 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las últimas subastas. Como dijo la ministra en el Congreso, “solo se han instalado 80 MW” y será difícil llegar a instalar el 70% de la potencia subastada antes de 2020”.