En 2013, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) protagonizaron un escrache frente al domicilio de la entonces Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Por este asunto se abrieron inicialmente diligencias contra un total de 27 personas y en sus primeras resoluciones consideraba como al ex secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge como uno de los instigadores de la concentración.

Los jueces consideran que la citada concentración debía entenderse como un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos, y desestimaron, por tanto el recurso del Ministerio Público.

Ahora, la situación se ha repetido pero esta vez la escrachada ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero antes les ha tocado a otros políticos como el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, o el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. 

La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Collado Villalba, con jurisdicción sobre Galapagar, ha archivado la querella por acoso y coacciones de la ministra Irene Montero contra la concejal de Vox Cristina Gómez por hacer caceroladas ante la casa donde vive con Pablo Iglesias y sus tres hijos.

La juez asegura que la vía penal no es la indicada para resolver la controversia: más allá de la protesta no hay frases intimidatorias ni amenazas. Es decir que a Irene Montero le ha tocado probar de su propia medicina, o, en lenguaje de podemos, “jarabe democrático”.