Pedro Sánchez y su ministra de Educación, Isabel Celaá, vuelven a humillar a la educación concertada. Se reunían los socialistas con organizaciones educativas durante la mañana del martes para 'mejorar' su ley de enseñanza y "crear un Gobierno progresista este septiembre", comentaba la ministra en funciones. Ahora bien, Sánchez "no ha llamado a nadie de la concertada, ni a patronal ni a sindicatos", afirma Pedro José Caballero García, presidente de CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos) a Hispanidad.

"Están marginando a un sector muy importante de la sociedad civil", explica Caballero, haciendo alusión a que alrededor del 30% de la educación que se imparte es concertada (entorno al 28,5% es concertada y entre el 1 o 2% es privada). Estas cifras se traducen en "cinco millones de familias, dos millones de alumnos y entre 2.800 y 3.000 colegios", no obstante, los socialistas insisten en perseguir y desatender a este tipo de enseñanza. Ejemplo de ello son el intento de Isabel Celaá de retirar las ayudas a este tipo de escuelas en Ceuta y Mellila -se quitaron las prestaciones para comedor y transporte a colegios no públicos, aunque días más tarde rectificó- o las 'expropiaciones' por ahora voluntarias como solución a una situación de pérdidas económicas o a la falta de plazas públicas.  

Al Gobierno no se salen las cuentas sin la concertada porque los alumnos de la pública cuestan 2.550 euros más

"Lamentamos la decisión", ha comentado el presidente de CONCAPA, añadiendo que, de nuevo, Pedro Sánchez "demuestra su sectarismo" al ignorar al 30% que apuesta por otro tipo de educación. Según Caballero, desde que el PSOE llegara al poder gracias la moción de censura de la primavera de 2018, el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos en ningún momento. Así, avisa: si la situación no cambia hasta septiembre, los representantes de la concertada tomarán medidas, "si por lo menos no se nos escucha", ya que para eliminar la LOMCE "tienen que contar con nosotros".

Y es que desde la confederación apuestan por un "verdadero pacto social y político por la educación", en el que se tenga en cuenta a la concertada y se garantice la libertad de enseñanza, recogida en el artículo 27 de la Constitución. "Mientras exista demanda, la educación concertada se tiene que garantizar", afirmaba Caballero.

Y, por cierto, más le vale al Gobierno reaccionar ante la llamada de atención de la concertada, ya que, a la hora de rendir cuentas, no le viene nada bien no contar con ella: cada alumno de la pública nos cuesta 5.436 euros frente a los 2.886 euros que nos cuesta uno de la concertada.