El escándalo FG ha dado un vuelco significativo: el exministro de Industria, exdirector de la Oficina Económica de Moncloa con Zapatero, y exdirector del Servicio de Estudios del BBVA, junto a Carlos Arenillas, exvicepresidente de la CNMV, han denunciado al BBVA por las escuchas de las que fueron víctimas, presuntamente, por el excomisario Villarejo, presuntamente financiadas por el presidente del BBVA, Francisco González (FG).

Se unen a la demanda presentada ante el juez Manuel García Castellón, de la Audiencia nacional, que lleva el conjunto del caso Villarejo, por el exvicepresidente del BBVA, José Domingo Ampuero, al que apoyan otras familias tradicionales del BBV, conjuntamente con el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, quien lanzara una operación para conquistar el BBVA, en 2004.

Estas dos demandas se conocen en vísperas de la junta de marzo del BBVA

Las demadas presentadas tienen más importancia de lo que pudiera parecer a simple vista: gracias a ellas se paraliza la prescripción -octubre 2019- de los presuntos espionajes que FG habría pagado a Villarejo para neutralizar a sus adversarios financieros y mantenerse como presidente del BBVA. Hablamos de miles de escuchas grabadas sin autorización judicial, a decenas de personas y medios informativos, incluido Hispanidad.com, grabaciones que han sido detalladas por el periódico electrónico Moncloa.com.

Por lo demás, estas dos demandas, la de Sebastián y la de Ampuero, se conocen en vísperas de la junta de marzo del BBVA y seguramente propiciarán que otros damnificados se personen en el ya mastodóntico caso Villarejo. El escándalo FG adquiere así una nueva dimensión.

Menos mal que el juez Manuel García Castellón, asimismo responsable de casos como Púnica o Lezo, ya ha obtenido un nuevo juez de apoyo. Debería pedir alguno más.