Este viernes, los obispos españoles han lanzado tres advertencias ante la cristofobia del previsible nuevo Gobierno (PSOE-Podemos) respecto a la eutanasia, la libertad de enseñanza y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Así se ha podido ver en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, la cual ha tenido lugar desde el día 18.

El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, ha informado de que los obispos han aprobado el documento ‘Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida’, recordando que siguen defendiendo “la santidad de la vida, que es una línea roja”. En esta línea, ha advertido que en algunos países que han abierto la puerta a la eutanasia viven un plano inclinado hacia la muerte con una presión creciente para enfermos, familiares y médicos, insistiendo en que el Código Deontológico de estos profesiones recoge la oposición a la eutanasia. 

Recado para la ministra Celaá: el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos lo promulga la Declaración Universal de DDHH de Naciones Unidas 

“Siempre hay que cuidar y consolar, y quizá más al final de la vida”, ha afirmado Argüello, añadiendo que “no hay enfermos 'incuidables', aunque sean incurables” y que “la muerte no es la solución” en estos casos. Y es que “la dignidad de la persona es radical”, pues radica en el hecho de ser humano, independientemente de cualquier otra circunstancia, incluida la salud, la edad o la capacidad mental o física.

Recado para la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá: el derecho a que los padres elijan la educación para sus hijos lo promulga el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Asimismo, ha recordado el artículo 27 de la Constitución española y el 10.2, donde se señala que las normas relativas a derechos fundamentales han de interpretarse según la Declaración Universal de DDHH y los pactos firmados por el propio Estado, entre ellos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -en concreto, en su artículo 13.3- y el Protocolo adicional al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales -artículo 2, que está en la página 34 de este documento-).

Y ante la amenaza de la vicepresidenta Calvo, recuerdan que la Iglesia paga el mismo IBI que cualquier otra entidad no lucrativa (por ejemplo, los partidos políticos)

Al hilo de esta cuestión, Argüello ha pedido diálogo, encuentro, así como respeto a la Constitución y a los acuerdos firmados. Además, ha recordado que fue con gobiernos socialistas cuando se firmaron los conciertos educativos y la asignación tributaria. Y ha añadido que el derecho a la vivienda tiene una proteccion distinta a la del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. 

Por su parte, respecto al IBI -otra amenaza, en esta ocasión de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo-, el vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, ha recordado que la Iglesia paga el mismo impuesto que cualquier otra entidad sin ánimo de lucro (por ejemplo, los partidos políticos) o confesión religiosa. Además, la asignación tributaria “es una financiación indirecta para poder hacer su labor”.