La ley de eutanasia hay que derogarla y, en su lugar, aprobar una ley de cuidados paliativos
Hace unas semanas les contábamos en Hispanidad el caso del apodado 'pistolero de Tarragona': en diciembre de 2021 un vigilante de seguridad tiroteó a tres compañeros de su empresa y a un mosso d’esquadra en la ciudad catalana. Durante el intercambio de disparos, el conocido como 'pistolero de Tarragona' resultó herido con una bala que le causó una lesión medular irreversible.
El pistolero pidió la eutanasia por ser dependiente y por los dolores que sufría a causa de la lesión, y hace apenas un mes, el director del Hospital Penitenciario de Tarrasa emitió una comunicación donde accedía a la petición de iniciar el proceso de eutanasia presentada por el detenido. Decisión que las víctimas del tiroteo recurrieron, puesto que el pistolero está acusado de varias tentativas de homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas, delitos por los que tiene un proceso abierto y aún no ha sido juzgado. La magistrada del juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona decidió no interrumpir el proceso de eutanasia.
Ahora, el Departamento de Salud de la Generalitat ha autorizado la eutanasia al pistolero de Tarragona, según informa ABC. La Comisión de Garantías y Evaluación de la Generalitat avala la petición al considerar que el pistolero cumple con los requisitos de "sufrimiento grave, crónico e imposibilitante". Lo que supone un nuevo paso en esta necedad, en la que pesa más un falso derecho de eutanasia inventado hace dos días, que el derecho de resarcimiento de las verdaderas víctimas de todo esto: los que fueron tiroteados y heridos por el 'pistolero de Tarragona'.
El Departamento considera que el pistolero cumple "con todos los requerimientos de autonomía de voluntad y con las condiciones normativas para solicitar la ayuda para morir, en el concepto de sufrimiento grave, crónica, imposibilitante y con dependencia absoluta sin posibilidad de mejora", pero no menciona que tiene un procedimiento judicial abierto.
La decisión final la tomará la Audiencia Provincial, puesto que las víctimas reales, los agentes heridos, han presentado otro recurso ante dicho órgano judicial, al considerar que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.