Garzón está estresado. Lógico, el ministro de Consumo es muy prolífico en su lucha contra el azúcar, los refrescos, la comida rápida, la carne de mala calidad, etc. Y además, toda vía le queda tiempo para, por ejemplo, recomendarnos cómo colocar nuestra nevera. Se veía venir la sobrecarga de trabajo de Alberto Garzón. Así, el Gobierno ha alegado que viene desarrollando un “extraordinario” volumen de producción legislativa para justificar su ministerio decidiese recurrir a un despacho privado, en vez de la Abogacía del Estado, para contratar por 12.000 euros un informe jurídico sobre la trasposición de una directiva europea.

Así responde el Ejecutivo a una batería de preguntas registrada en el Congreso por Ciudadanos, que pedía saber por qué Consumo contrató con el despacho de abogados Consumer Consulting S.L., propiedad del presidente de la Asociación Española de Consumo, para un informe para el que, según apunta la formación naranja, eran competentes los letrados y funcionarios adscritos a ese Ministerio.

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno explica que dicho contrato tenía por objeto elaborar un informe acerca “del modo de llevar a cabo la trasposición al ordenamiento jurídico nacional” de una nueva directiva de la UE aprobada el 25 de noviembre de 2020 sobre las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.

Recalca que se trataba de un ámbito “previsto legalmente en la actualidad”, en cuanto concierne al ámbito de consumo, y que, por tanto, “se hacía preciso contar con el apoyo de un informe que valorase los criterios que han de tomarse de referencia para fijarlos en el anteproyecto de ley de transposición de la norma de la UE”.

Según el Ejecutivo, la finalidad de dicho informe fue contar con valoración jurídica “experta” -¿y la de los abogados del Estado?- para conocer las características que deben concurrir en las asociaciones de consumidores que serán habilitadas para la interposición de las acciones de representación a la que se refiere la directiva europea, así como el procedimiento para su designación y seguimiento de su actividad.

En Moncloa se rumorea que la información sobre la contratación del bufete viene del entorno del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas...¿Por qué será?