Hispanidad viene informando de los problemas que tiene el Gobierno sanchista para que se realicen abortos en la sanidad pública, como el caso de Melilla o el de la Comunidad de Madrid.
Y es que muchos médicos que trabajan en la sanidad pública no están dispuestos a matar a niños en el vientre de sus madres porque para eso no estudiaron medicina -va contra su juramento hipocrático-; y otros, que también trabajan en la sanidad pública, sí que están a favor del aborto -llegan a presionar a madres que esperan a hijos con discapacidad para que aborten- pero ellos no están dispuestos a mancharse las manos de sangre.
En este contexto, el Ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, y en plena polémica por la inutilidad de las pulseras antimaltrato, ha propuesto acotar, "en situaciones críticas", la objeción de conciencia de los médicos al aborto, recoge La Razón.
Lo ha hecho en un informe realizado por el Instituto de las Mujeres (dependiente de este Ministerio), que reconoce que "en algunas comunidades, la objeción es tan generalizada que ningún hospital público realiza abortos quirúrgicos. Esto obliga a las mujeres a desplazarse fuera de su provincia -o incluso comunidad- para ejercer un derecho reconocido". O a tener que irse a un abortorio privado, donde no les van a poner pegas, puesto que se trata de un negocio, como cualquier otro, sólo que bastante más sangriento.
De hecho, en este momento, en España, más del 80% de los abortos de niños inocentes se siguen practicando en clínicas privadas, aunque estén financiadas por el sistema público de salud.
No hemos conseguido enterarnos de qué entiende Igualdad por "situaciones críticas” -podría referirse a la ausencia de médicos dispuestos a realizarlos-, pero en su nota de prensa, este instituto dice claramente que para paliar esta situación hay que "regular la objeción de conciencia" y destaca "la falta de rigor y registros en la aplicación de la objeción de conciencia”, que suena a querer limitar la objeción de conciencia.
La objeción de conciencia un derecho que tiene cualquier persona a negarse a realizar actos que atenten contra su conciencia. En España está reconocida en el artículo 30 de la Constitución.
Pero de una ministra comunista como Ana Redondo y de un Gobierno como el sanchista cabe esperar cualquier cosa, incluido el limitar por ley la objeción de conciencia para los profesionales médicos y sanitarios en casos como el aborto o la eutanasia. Ya lo intentó la anterior ministra de Igualdad Irene Montero, quien además impulsó un registro de médicos objetores. Por lo que no es descartable que el actual Ejecutivo lo vuelta a intentar.
Pero los que mejor lo explican son los propios médicos, como el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sellés, que ya en 2021 defendía la objeción de conciencia: "La objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido internacionalmente, por ejemplo, en la Carta Europea de los Derechos Humanos, y además está garantizado por nuestra Constitución". "Es un derecho que no necesita de regulación, lo ha dicho el Tribunal Constitucional en varias ocasiones. Por tanto, es la garantía de que se pueda ejercer la medicina con independencia y de una forma libre". "El intento de limitarlo o regularlo, no solo contraviene el código deontológico que tenemos los médicos en España en el Consejo General de Colegios de Médicos que en su artículo 32 asegura el reconocimiento a la objeción de conciencia. Es imprescindible para poder garantizar la libertad y la independencia que tenemos los médicos en nuestro ejercicio profesional. Nos parecen muy preocupantes las declaraciones de la ministra, ya que claramente muestra una intención de limitar este ejercicio".
