Hispanidad recogía recientemente la aprobación del Gobierno social-comunista en Consejo de Ministros del proyecto de ley del aborto para enviarlo a trámite parlamentario. Un proyecto que impone educación sexual obligatoria en todas las etapas, anticoncepción, aborto libre y eliminación práctica de la objeción de conciencia de los sanitarios.

El nuevo texto también impone un registro de médicos objetores al aborto.

En ese contexto, Manuel Martínez-Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, denuncia en Libertad Digital la gran discriminación que se avecina a propósito del registro de médicos objetores al aborto: “Es evidente que estamos muy preocupados, porque eso puede utilizarse el día de mañana para decidir contrataciones, ascensos, etc.",  "Habría que hacer contrataciones especificando que determinados profesionales que se contraten no pueden ser objetores, y eso es una clarísima discriminación hacia quienes se acogen a su derecho constitucional a objetar”.

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid pone de manifiesto, además, la artimaña de Irene Montero al plantear el problema en estos términos, ya que de sus palabras parece deducirse que, por culpa de la objeción de algunos médicos, hay mujeres que no pueden acceder al aborto gratuito, cuando esto es radicalmente falso. "Los abortos que se están practicando en centros privados son totalmente gratuitos. Si una mujer quiere abortar en un centro público y en ese centro público no se realizan abortos porque no hay médicos que quieran hacerlos, se la deriva a un centro privado que tiene un concierto. Es decir, la mujer no paga el coste del aborto. Es lo mismo que sucede si a uno le tienen que operar de la rodilla y en el hospital público no pueden operarle por lo que sea", aclara el doctor.

Tal y como está redactada, parece que el objetivo de la ley no sea garantizar la posibilidad de abortar, sino empujar a las mujeres en esa única dirección

En este sentido, Martínez-Sellés subraya en Libertad Digital, además, el agravio comparativo que sufren aquellas mujeres que optan por tener a su bebé. "Los abortos que se realizan en centros privados los pagamos todos con nuestros impuestos y, sin embargo, a la mujer que decide seguir adelante con su embarazo no se le da la ayuda económica que costaría realizar esa intervención".

Con todo, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid advierte de que, tal y como está redactada, parece que el objetivo de la ley no sea garantizar la posibilidad de abortar, sino empujar a las mujeres en esa única dirección. Y, en su alegato, añade otros ejemplos: "Se elimina el periodo de reflexión de tres días, que es algo que a mí ya me parecía un tiempo muy corto para una decisión tan importante, y se quita la obligación de dar información verbal y por escrito a las mujeres de las distintas alternativas que existen y de las ayudas a la natalidad con las que cuentan”.

También recogió Hispanidad las declaraciones en El Mundo de Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), sobre el registro de médicos objetores. A este respecto, Cobo cree que "un registro de objetores al aborto aporta muy poco; sería más útil un registro sobre los profesionales dispuestos a dar esta prestación".