Ya en octubre de 2025, Rubén Pulido destapaba la estafa de los menas: "Entre 2021-2024 se han practicado más de 26.000 pruebas de edad, de ellas, sólo el 47% son menores de edad", explicaba el experto en inmigración.

Más: hasta la propia presidenta balear, la pepera Margarita Prohens detallaba que de 209 tests de edad, practicados desde diciembre de 2024, sólo 87 verificaron que eran menores de edad. Con lo que, el 60% de las pruebas dentales efectuadas a migrantes en la región concluye que se trata de adultos.

Pues bien, con estos datos ha tenido que ser una misión de eurodiputados enviados a El Hierro la que le haya sacado los colores al Gobierno Sánchez, y al Ejecutivo de Canarias, liderado por Víctor Clavijo, al descubrir que la mitad de los menas de Canarias son adultos y que Marruecos no acepta el 92% de devoluciones.

El informe, de 35 páginas, es producto del análisis sobre el terreno de la crisis migratoria en la ruta atlántica. Y se debate estos días en la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, mientras los grupos introducen enmiendas antes de su aprobación definitiva.

Tal como recoge El Español, El documento explica que se hicieron 1.500 pruebas óseas de edad, a pesar de que sólo se aplican cuando existen "dudas razonables" tras una primera evaluación visual, realizada a pie de puerto por ONG y policías.

Que la mitad de los examinados fueran finalmente adultos revela, según los eurodiputados, un "problema estructural" de fraude en el acceso al sistema de protección de menores. De hecho, la Junta de Andalucía también ha denunciado que "al menos, 600 de los menas que nos ha trasladado el Gobierno resultaron ser mayores".

La misión advierte en el texto de que esta práctica, al saturar plazas y servicios, perjudica en la práctica a los menores que sí lo son y necesitan atención especializada.

Por otra parte, las cifras que las autoridades españolas trasladaron a la misión revelan la ineficacia de la política de retornos: sólo alrededor del 8% de los marroquíes en situación irregular son devueltos efectivamente a su país. 

Los eurodiputados recuerdan que la Directiva de Retorno 2008/115/CE insta a ejecutar de forma efectiva las decisiones de expulsión, con garantías pero sin indefinición permanente. Pero sin cooperación real del país de origen, esa obligación se vuelve imposible de cumplir y "mina la credibilidad" del marco común.

Y también alimenta el "efecto llamada", porque las redes mafiosas de tráfico de personas saben que la expulsión real es una excepción y no la norma en la ruta atlántica.

Y todo ello, en un contexto en el que está muy presente el anunción del Gobierno Sánchez de regularizar a 500.000 inmigrantes, cuya cifra elevan algunas organizaciones a 800.000 y el informe oficial del comisario de Extranjería, revelado por El Español, la sitúan por encima del millón de personas.

Volviendo al documento de la misión europea en El Hierro, recoge también un capítulo especialmente sensible para la política española: la relación con Frontex.

Los responsables de la agencia explican que "no tienen barcos, aviones ni helicópteros desplegados en la ruta canaria", a diferencia de lo que ocurre en el Mediterráneo central. Y que eso es así por deseo expreso del Gobierno de España, como denunciaron en la Eurocámara en 2024.