Ayer Hispanidad publicó que los obispos españoles se habían rendido al chantaje de Pedro Sánchez y que cederán al Estado un millar de inmuebles que eran suyos, o sea, de la Iglesia.

La Razón hoy ahonda en la reunión que mantuvieron ayer el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, y el del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pero antes, hay que insistir, como hizo ayer Hispanidad, que el Gobierno Aznar decidió, con mucha sensatez, que la Iglesia, y otras asociaciones sin ánimo de lucro, matricularan a su nombre lo que era suyo porque lo había construido la Iglesia o porque lo había comprado, en un pasado generalmente lejano... aunque no estuviera en el Registro de propiedad de los edificios eclesiásticos.

Pues bien: explica La Razón que la iglesia ha detectado hasta 2.575 errores en el informe del Ministerio de Justicia que buscaba encontrar irregularidades en los bienes inmatriculados entre 1998 y 2005, durante la reforma de la ley hipotecaria de Aznar.

Así lo recoge también la nota conjunta del Gobierno y la Conferencia Episcopal: “A partir del listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en cumplimiento de la PNL de 17 de febrero de 2017 sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en el periodo 1998-2015, la Conferencia Episcopal, en el contexto del diálogo con el Gobierno, ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis. Dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados. El análisis realizado por la Iglesia de dicho listado, en el marco de la mencionada Comisión, ha revelado un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo. Se trata, concretamente, de un millar aproximado de bienes, cuyos datos han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal Española".

Es decir, que la Conferencia Episcopal Española ha cotejado uno a uno hasta en tres ocasiones los 34.976 registros que el Gobierno incluyó como propiedades eclesiásticas en aquel listado que publicó hace un año y en el que no encontró una sola irregularidad. Sin embargo, en una auditoría interna de 186 páginas, los obispos han verificado a través de las 70 diócesis la existencia únicamente de 32.401 propiedades inmatriculadas en la era Aznar. En total, 1.138 bienes que el Ejecutivo adjudicaba a la Iglesia como dueña y señora, no le pertenecen. Así se lo explicó ayer el presidente del Episcopado, Juan José Omella al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, añade La Razón.

Lo de las inmatriculaciones no era sino el paso previo para obligar a la Iglesia a pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

No significa que la Iglesia tenga que devolver al Estado unos bienes que se habría agenciado de forma fraudulenta, sino que directamente nunca fueron suyos ni los declaró. Simplemente se tratan de gazapos no detectados por el departamento que ahora dirige Pilar Llop, señala La Razón.

La Razón explica que el Episcopado agrupa los 2.575 desatinos encontrados en varios grupos. Por un lado, desglosa esos 1.138 mal adjudicados que cita Argüello en 84 bienes que se adjudican a la Iglesia católica y en realidad son de otras confesiones, 111 que aparecen repetidos, 608 sin datos suficientes atribuidos a las diócesis que no reconocen como propios, 276 que directamente no pertenecen a la Iglesia porque fueron donados o vendidos, 31 registros de los que no consta inmatriculación y 28 fallos de diferente casuística. Por otro lado, el informe expone que 746 propiedades fueron registrados antes de la era Aznar. Por último, se aclara que 691 espacios simplemente no fueron inmatriculados porque se adquirieron por compraventa, herencias…

Cabe destacar también aquí -como explicó ayer Hispanidad- que lo de las inmatriculaciones no era sino el paso previo para obligar a la Iglesia a pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Algo increíble dado que el IBI no lo paga ninguna entidad sin ánimo de lucro: partidos políticos, sindicatos, asociaciones, clubes de fútbol, fundaciones... y resulta que tiene que pagarlo la Iglesia. Y precisamente el IBI cuando todo el mundo sabe que la Iglesia tiene sus grandes basílicas en el mismísimo centro de las ciudades, con lo que obligarle a pagar el IBI significa arruinarle.