A finales de marzo, Mercedes R. R., de 52 años, reservó una habitación para dos noches en el Albergue Inturjoven que la Junta de Andalucía gestiona en Granada capital. Hasta ahí, todo bien. Pero, como la mujer seguía allí hospedada -sin pagar la estancia- en abril, el centro le reclama el abono de la estancia y servicios que, en ese momento, ya rozaban los 500 euros. A partir de ahí, según las fuentes autonómicas consultadas, el comportamiento de su huésped empeora, hasta el punto de ocasionar algunos problemas de convivencia con el personal y otros alojados.

Recoge ABC que hasta ahora, todos los intentos de los responsables del albergue juvenil para persuadirla de que debe dejar la habitación han resultado infructuosos. La huésped okupa dice que no quiere saber nada de los funcionarios municipales y amenaza con atrincherarse en la habitación hasta que no se le ofrezca otra alternativa. Mercedes es una vieja conocida en los servicios sociales, que no siempre ha mostrado una actitud colaboradora con los trabajadores. Hasta agentes de la Policía Nacional han tratado de convencerla en algunas ocasiones para que depusiese su actitud y abandonara el recinto. Pero no han logrado tampoco que se mude a otro lugar.

Actualmente, la Administración autonómica tramita el desahucio de la huésped que se niega a abandonar el centro público. ¿Tendrá más suerte la Administración en evacuar a su 'inquiokupa' que los particulares afectados por esta lacra?