Como ha hecho Madrid desde el principio al plantarle batalla a la ley Celáa, tras los resultados electorales del 28-M, favorables al PP en la mayoría de las comunidades autónomas, aquellas en las que gobiernan los de Feijóo tratan de frenar la aplicación de la Lomloe en sus puntos más conflictivos. Y aunque, tal como publica El Mundo, desde el Ministerio de Educación reconocen que «Estamos en minoría», también apuntan, a que los gobiernos autonómicos «saben que no pueden saltarse una ley orgánica».

No obstante, las regiones gobernadas por el PP o en alianzas entre este partido y Vox tienen ahora poder para vetar las decisiones del Ejecutivo en la Conferencia Sectorial de Educación, máximo órgano de cooperación entre el Estado y las CCAA. Antes eran cinco (Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia) frente a nueve del PSOE. Ahora crecen a 12 mientras las socialistas se quedan en tres, con el apoyo de los nacionalistas en el País Vasco y Cataluña.

Así las cosas, las CC.AA. lideradas por PP o PP-Vox plantean medidas como: más protección a la concertada -uno de los objetivos a batir desde que la ley Celáa comenzara su andadura-, autorización paterna para asistir a charlas LGTBI, libertad de elección de lengua, recuperación de las notas numéricas o limitaciones para pasar de curso con suspensos.

Es decir, se trataría de combatir la asfixia a la educación concertada, el incentivo a la vagancia, la perversión de la infancia y la eliminación de la demanda social, es decir, del derecho de los padres a decidir cómo educan a sus hijos. Algo que, por otra parte, recordemos, ya ha avalado en Tribunal Supremo.