Hace unos días les mostrábamos un nuevo caso de la caradura y la impunidad de los 'vulnerables' protegidos por el Gobierno, que carga a los ciudadanos con la responsabilidad de mantener a los que no pueden acceder a una vivienda por su gran Ley de Vivienda. Es lo que llamamos 'el escudo social del Gobierno'.

Isabel es la nueva incorporación. Compró en 2021 una parcela en Galapagar, su intención era construir una casa, pero meses después una pareja okupó un antiguo garaje dentro de la propiedad, pese al pésimo estado del mismo. 

La propietaria ha tardado tres años en conseguir echarlos, tres años viviendo a costa de ella. Cuenta a Telemadrid que necesitó cinco furgonetas para sacar toda la basura: "comida podrida, enseres y desperdicios". "Estuvimos dos días. Íbamos cargando la furgoneta y ellos iban sacándose cosas. La policía les dio de plazo hasta el lunes, que no nos preocupáramos, que el lunes se iban a ir".

"Esta gente sufría síndrome de Diógenes y una cantidad de comida podrida alucinante. Y tienen que hacer sus necesidades en algún sitio", denuncia Isabel, que habla del riesgo de un incendio ya que la zona se encuentra rodeada de pastos secos. 

Pero su alegría duró poco porque, ya saben, 'un desalojo, otra okupación', por lo que la pareja se ha mudado a la parcela de al lado, propiedad de un vecino de Isabel. El propietario que ahora sufre a los okupas ya ha presentado una denuncia, aunque el okupa lo niega: "Esta finca estaba abandonada, no tiene dueño ni tiene nada".

Sin miedo ni vergüenza, el okupa también asegura que no tiene intención de marcharse hasta que encuentre otra cosa: "Me voy a quedar aquí una temporada para encontrar dónde ir".