Esta misma tarde recogíamos en Hispanidad cómo Ione Belarra, sin despeinarse, en la sala de prensa del Congreso 'el templo de la palabra' pedía que se expulsara Vito Quiles. Parece que la podemita ha lanzado un hechizo, porque ahora conocemos que la Cámara Baja estudia expedientes disciplinarios contra él y contra Bertrand Ndongo.

El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria del Congreso, ya ha elevado el caso a la Mesa de la Cámara, que deberá decidir si suspende o no sus acreditaciones, una sanción que en la práctica equivale a expulsarlos del Congreso y evitar así que planteen preguntas incómodas, labor, por otra parte, propia de un periodista.

Recuerda eldiario.es que el caso de Bertrand Ndongo nace de una denuncia directa del grupo parlamentario Sumar, tras un tenso intercambio durante una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez Barbero, el pasado 25 de noviembre. El CCCP sostiene que el periodista incurrió en dos infracciones graves por interrumpir el acto y por no acatar las instrucciones del personal de la Cámara.

El informe llega a afirmar que la comparecencia fue “violentada” y “severamente distorsionada”, y acusa a Ndongo de ejercer una supuesta “violencia verbal” sobre la diputada y una periodista. Un lenguaje llamativamente duro para describir lo que, en esencia, fue una pregunta incómoda fuera del turno marcado, algo habitual en cualquier Parlamento que se precie de ser plural.

En el caso de Quiles -ojo a este apunte, porque no es baladí- a instancias de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), es decir, de sus propios 'colegas' de profesión, el CCCP (El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) le atribuye hasta cinco infracciones graves.

Dos de ellas se refieren a un episodio del 11 de diciembre, cuando Quiles grabó con su móvil al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la salida de un acto institucional. El consejo habla de “persecución” y de grabaciones “sin autorización”, pese a tratarse de un personaje público en un espacio institucional.

Las otras tres infracciones se remontan al 20 de noviembre, cuando Quiles grabó al presidente Pedro Sánchez pese a su negativa a responder preguntas.