En noviembre de 2021, una menor de 16 años fue violada brutalmente en la localidad catalana de Igualada, a la salida de una discoteca. En relación con el caso, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 21 años de nacionalidad boliviana y con antecedentes de dos delitos sexuales.

La Unidad Central de Agresiones Sexuales de la División de Investigación Criminal (DIC) se encargó de la búsqueda del agresor de la menor, que permaneció más de un mes hospitalizada tras sufrir un grave traumatismo craneoencefálico al ser agredida con una barra de hierro, con pérdida de audición en un oído, y varios desgarros internos que le han dejado importantes secuelas.

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Por otra parte, tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce Jorge Albertini, han solicitado que permanezca entre rejas, al considerar que existe riesgo de fuga, no sólo por la elevada pena solicitada, 45 años, sino porque es de origen boliviano, y se encuentra en situación irregular en España. También para evitar la reiteración delictiva.

Ademas, dada la "extrema gravedad" de la agresión cometida, la acusación pública solicita que se acuerde la ejecución de la condena íntegra impuesta al procesado, y que, en todo caso, cuando acceda al tercer grado o a la libertad condicional se le sustituya la pena que le quede por su expulsión de España.

Actualmente, la ley de extranjería establece que estar en situación irregular es una infracción grave que puede conllevar la expulsión del país. Cuando la persona en situación irregular es identificada, se inicia el procedimiento que se tramita por la vía administrativa y la orden de expulsión la emiten las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.  

Según ha fijado el Tribunal Supremo, sólo se debe acordar la expulsión si se dan circunstancias agravantes como tener antecedentes penales, no tener documentación, no tener domicilio fijo, no tener familia o desconocer por dónde y cuándo entró en España.