
En Hispanidad hemos comentado en más de una ocasión la hipocresía de Ayuso en torno al asunto de los menores extranjeros no acompañados. Por ejemplo, dice la presidenta madrileña: los menas "están obligados a ser acogidos por ley"... Véase, en Hortaleza, en Alcalá de Henares, en Fuenlabrada. Casos como el de Pozuelo de Alarcón, ya son otra cosa.
Ahora, la líder del PP en Madrid vuelve a hacer gala de esa confusión mental por la que se guía en esta cuestión. Y así, su gobierno vota 'no', junto al PSOE y Más Madrid, en contra de una iniciativa presentada por Vox en la Asamblea regional que pretendía instar al Ministerio del Interior a facilitar datos sobre el origen de los autores de delitos en la Comunidad de Madrid.
🔴 ÚLTIMA HORA | Isabel Díaz Ayuso y todo el Partido Popular votan junto al PSOE y Más Madrid en contra de la iniciativa de VOX para conocer en origen de los delincuentes en la Comunidad de Madrid.
— Unai Cano (@unaicano10) February 5, 2026
Luego lo piden en lugares donde no gobiernan para alargar su estafa permanente. pic.twitter.com/dyRm0mg0bZ
La propuesta buscaba, según sus promotores, equiparar a la región con otros territorios donde ya se difunde este tipo de información estadística, por ejemplo, Cataluña y, en un principio, País Vasco, hasta que el gobierno de Imanol Pradales (PNV) decidió mantener la orden de ocultar la nacionalidad de los delincuentes extranjeros.
Volviendo a la Asamblea madrileña, la portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Isabel Pérez Moñino, criticó la postura del Ejecutivo madrileño y acusó al Partido Popular de falta de coherencia, al recordar que una iniciativa similar fue defendida por los populares en Bilbao días antes.
🔴ÚLTIMA HORA | El Gobierno de Ayuso se niega a exigir a Marlaska el origen de los delincuentes a pesar de ser una propuesta del Partido Popular en Bilbao.
— VOX Madrid (@madrid_vox) February 5, 2026
Dicen una cosa cuando están en la oposición y hacen otra cuando gobiernan. SON UNA ESTAFA‼️@Isabelperezmoi1👇 pic.twitter.com/qJzyUyyHi9
Desde la formación de Abascal, se insistió en que la petición no suponía una medida excepcional, sino una demanda de mayor transparencia institucional. Moñino defendió que los ciudadanos tienen derecho a conocer información detallada sobre la criminalidad y afirmó que ocultar determinados indicadores impide comprender la evolución real de la delincuencia en los barrios madrileños.












