El equipo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha enviado una carta para recordar que, por las leyes vigentes, sin el "ok" de la comunidad receptora no se pueden trasladar los 400 menores de edad que se preveía a un centro de Pozuelo, gobernado por el PP.
Según la misiva escrita por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, a la que ha tenido acceso Madrid Total, existe un "imperativo legal" que requiere la "aceptación expresa de la región receptora". Otra cosa distinta es cuando, dentro de la misma comunidad, es un municipio el que no acepta menas en su zona, por ejemplo el caso de Fuenlabrada (gobernado por el PSOE), pero de eso no dice nada la carta.
Desde el Gobierno de Madrid hablan de reparto "arbitrario" y de "despropósito". Además, insisten en que los 400 que llegarán a Pozuelo de Alarcón lo harán "sin comunicación oficial".
Madrid acusa al Gobierno de no "respetar las competencias de la Comunidad de Madrid".
Mientras, en un centro que gestiona la CAM, el de Hortaleza, la Policía Municipal ha reforzado su presencia en las inmediaciones de la piscina municipal del barrio tras registrarse múltiples episodios de intrusiones y conductas conflictivas dentro del recinto. Según ha desvelado El Mundo, usuarios habituales de la instalación han señalado como presuntos responsables a varios jóvenes del centro de menas ubicado en el distrito, quienes acceden sin entrada a la piscina, ya sea escalando la valla perimetral o a través de un agujero abierto en la verja trasera.
Fuentes policiales han indicado que, aunque la Comunidad de Madrid cubre el acceso a la piscina para estos menores, las restricciones impuestas como medida disciplinaria dentro del centro tras comportamientos violentos derivan en intentos de fuga y accesos irregulares a las instalaciones. Además, algunos testigos han asegurado que ciertos jóvenes consumen sustancias como pegamento y drogas en plena zona de baño, provocando incomodidad entre las familias que acuden al lugar durante el verano.
