En Mozambique, como ha recogido Hispanidad en alguna ocasión, los cristianos, desde el año 2017, están siendo perseguidos por grupos radicales musulmanes y yihadistas vinculados al Estado Islámico, con la intención de implantar la sharia (conjunto de leyes islámicas). 

En esa persecución, también silenciada por la mayoría de medios y dirigentes occidentales, los cristianos han sufrido asesinatos, además de secuestros, violencia sexual y reclutamiento forzado. 

En ese contexto, Mons. Osório Citora Afonso, obispo de la diócesis de Quelimane, fue asesinado el pasado 6 de junio sin que en este momento se conozca el móvil del asesinato. Varios individuos irrumpieron durante la noche en la residencia y le dispararon en el pecho.

El presidente de la República de Mozambique, Daniel Francisco Chapo, ha destacado que «la muerte del obispo Osório representa una pérdida irreparable para la sociedad mozambiqueña y para la comunidad cristiana». 

Mientras que el Papa León XIV «se enteró con pena del grave acto de violencia» que costó la vida al obispo Afonso. Y manifestó que «se une en oración al pueblo de las diócesis y de Mozambique en esta hora de perplejidad, para que el Señor les dé consuelo, para que guarde en su amor a cada hombre y mujer y detenga la mano de la violencia». 

Según el último informe sobre libertad religiosa 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), en Mozambique "las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo muy negativas. El período que se estudia en este informe, en particular el año 2024, se caracterizó por un fuerte aumento de la violencia anticristiana, con ataques sistemáticos contra iglesias, símbolos religiosos y comunidades religiosas, sobre todo en la provincia de Cabo Delgado. La inestabilidad política generalizada socavó aún más la protección de los grupos religiosos. Las elecciones generales de 2024 se vieron empañadas por denuncias de fraude, violencia política y asesinatos selectivos de figuras de la oposición, tal y como denunció la Conferencia Episcopal Católica. La represión de las protestas pacíficas y la desconfianza generalizada de la población en las instituciones estatales han erosionado aún más el estado de derecho y profundizado las divisiones sociales. En un contexto de expansión de la influencia yihadista, y de agitación política y debilidad de la autoridad estatal en gran parte del norte, el entorno para los derechos humanos y la libertad religiosa sigue estando profundamente comprometido”.