Cantabria se adelanta a la Ley de vivienda social-comunista y aprueba su primer proyecto de Ley de Vivienda con función social. El Gobierno de Cantabria, presidido por Miguel Ángel Revilla y compuesto por el PSOE y el Partigo Regionalista de Cantabria, ha aprobado en el tiempo de descuento de la legislatura el proyecto que tenían en cola desde el comienzo de la coalición. 

El encargado de presentar la ley ha sido el vicepresidente y portavoz del bipartito, Pablo Zuloaga (PSOE), que ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esta ley pone el foco en el acceso al alquiler y en la función social de la vivienda. Además, ha señado que la nueva norma obliga al Gobierno a definir una estrategia en este ámbito cada cinco años. La ley al completo se dará a conocer en los próximos días por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE).

Como buen Gobierno de izquierdas venden la promoción de la transparencia, cómo no, con la creación de un registro autonómico de arrendamientos de viviendas para el control y conocimiento de los contratos de arrendamientos. Es decir, en un contrato privado entre propietario y arrendador: el Gobierno de Cantabria meterá las narices y obligará a que exista un registro, pero es por la transparencia, faltaría más. 

Además, esta ley continúa la senda de la norma que pretende socialistas y podemitas a nivel nacional, y alude a los conceptos de vivienda vacía, infravivienda o vivienda sobreocupada, y establece el tratamiento de las situaciones “anómalas” de las viviendas que suponen un incumplimiento de su función social a través de medidas como un registro de viviendas deshabitadas que hayan sido declaradas previamente vacías. Esto con un único propósito: alquiler obligatorio de los pisos que los grandes propietarios tengan vacíos durante dos años. 

Por otro lado, el mismo registro impedirá que los pisos VPO sean vendidos, pasado el tiempo, como vivienda libre, y obligará a depositar las fianzas de los alquileres y copia de los contratos al Gobierno de Cantabria.