Servinabar es la empresa navarra, propiedad de Joseba Antxón Alonso, que se encuentra en el foco de las pesquisas informativas, políticas y judiciales después de que un informe de la UCO de la Guardia Civil demostrase, al encontrar un contrato privado (con fecha de 2016), que el exnúmero 2 del PSOE Santos Cerdán -actualmente investigado y encarcelado por el Tribunal Supremo por posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias- era propietario del 45% de la empresa.
Servinabar se constituyó en septiembre de 2015 con un capital de tan solo 3.000 euros. Inicialmente se dedicaba a «la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones». Pero el 5 de febrero de 2020, esta empresa navarra amplió su objeto social para incluir «elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación», recogió OK Diario.
Joseba Antxón Alonso declaró el pasado 7 de julio ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente -que instruye el Caso Koldo- y en aquella ocasión reconoció que Cerdán sí había firmado el citado documento que le otorgaba el 45% de la propiedad de la empresa, pero que nunca se ejecutó, por lo que él es el dueño único. El administrador único de Servinabar también negó el pago de comisiones ilegales a la trama por las adjudicaciones de obras públicas.
A Servinabar, el Gobierno de Navarra de la socialista María Chivite le adjudicó -en una UTE de la que también formaba parte la constructora Acciona- las obras del Túnel de Belate (Navarra), por una cantidad de 76 millones de euros.
Pero sobre esta empresa se han publicado más informaciones. Por ejemplo, ayer 7 de agosto, The Objetive informaba de que Servinabar pagó 30.000 euros por el primer año de alquiler del ático en el que residió Santos Cerdán en la calle Hilarión Eslava de Madrid.
Hoy La Razón precisa que Joseba Antxon Alonso pagaba el alquiler de este ático por medio de su sociedad Servinabar, mientras que Santos Cerdán se hacía cargo de los gastos del inmueble.
También publica hoy la Razón que la jefa anticorrupción de Navarra, Edurne Eginoa, firmó -cuando ocupaba el cargo de directora general de Presidencia y Gobierno Abierto- una de las obras que fue adjudicada a Servinabar por el Gobierno de Navarra de Chivite.
Por su parte El Economista informa hoy de que Servinabar cobró 100.000€ de la constructora Erri Berri, tras una adjudicación de 2,4 millones del Gobierno de María Chivite.
De su lado, El Confidencial publicó el 31 de julio que Servinabar pagó 258.000 euros a Erkolan, la cooperativa en la que trabaja Belén Cerdán, la hermana de Santos Cerdán, unos pagos que se produjeron entre 2019 y 2023, y que se suman a los 22.200 que la empresa abonó de forma directa a Belén Cerdán en 2020. El Confidencial añadió el pasado 1 de agosto que Belén Cerdán cobraba un sueldo público (como concejal en Milagro) mientras trabajaba para Servinabar.
Por su parte, el pasado 30 de julio, El Español reveló que Servinabar pagó a Prestomedia -la empresa de Jesús González Mateos, marido de la expresidenta navarra Uxue Barkos- 4.840 euros en el tercer trimestre del año 2018, el año en que el Gobierno de Navarra que presidía la propia Barkos adjudicó 9 millones de euros en contratos a la propia Servinabar. Cabe recordar que Uxue Barkos (de Geroa Bai, la marca del PNV en Navarra) fue presidenta de Navarra entre 2015 y 2019, en coalición Izquierda-Ezkerra y con los apoyos de EH Bildu. Uxue Barkos emitía después un comunicado defendiendo su “honorabilidad” y explicando que ese pago se debía a un patrocinio y que fue totalmente legal.
Por todos estos casos, UPN va a llamar a declarar en el Senado a la actual presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y a la expresidenta Uxue Barkos (Geroa Bai-PNV), después de que EH Bildu les salvara de hacerlo en la Comisión de Investigación del Parlamento foral sobre adjudicaciones de obras públicas por parte del Gobierno foral en las últimas cuatro legislaturas.
UPN también va a llamar a declarar en el Senado al secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al vicepresidente primero del Ejecutivo navarro, Javier Remírez, al consejero de Economía, José Luis Arasti, así como a todas las personas que han trabajado para la empresa Servinabar (entre ellas, la hermana del diputado socialista Santos Cerdán y la pareja de Ramón Alzórriz).
Y por cierto que también ha sido noticia esta semana que los abogados y la procuradora de Antxón Alonso han renunciado a defenderle en el marco del caso Koldo, sobre la presunta adjudicación irregular de obras públicas a cambio de mordidas.
