Desde Hispanidad hemos alertado en numerosas ocasiones de la creciente y peligrosa moda de los vientres de alquiler. Debemos recordar que la ONU ya ha dejado claro que su objetivo es que la gestación subrogada también tiene que ser un derecho. Debe considerarse parte de la “planificación familiar integral” y, potencialmente, como un derecho humano.
El informe de la ONU señala la subrogación, junto con la adopción y el acogimiento, como una forma de que los servicios puedan “adaptarse a diferentes sexos, géneros... orientaciones y expresiones sexuales”, entre otras categorías. También dice que "el apoyo financiero para tratamientos de fertilidad, maternidad subrogada, adopción y congelación de óvulos puede ampliar las opciones de las mujeres y ayudarlas a prosperar en el lugar de trabajo".
Y habla de la “justicia reproductiva”, cuyos tres valores fundamentales incluyen: “el derecho a tener un hijo, el derecho a no tener un hijo y el derecho a criar a un niño o niños en entornos seguros y saludables”.
Si miramos en España la cosa no pinta mejor. La UNED, universidad pública, ha organizo cursos sobre vientres de alquiler. Pero parece que por alguna parte queda cordura.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha exigido al Ministerio de Igualdad que tome medidas para bloquear desde España los contenidos de 13 web de países no pertenecientes a la Unión Europea que están ofreciendo "prácticas comerciales ilegales" sobre vientres de alquiler. Las webs son de países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México o Colombia.
Manuel Campoy es el fiscal que firma la petición dirigida a la secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pidiéndole la inminente "interrupción de la prestación del servicio o la retirada de contenidos" sobre vientres de alquiler, así como la "suspensión de los servicios de acceso a internet" para todos los intermediarios.
"Las actuaciones tienen por objeto la exigencia de responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales".
La petición es de lo más lógica, recordemos que, tal y como publicamos en Hispanidad, la Sala Civil del Tribunal Supremo, máximo órgano del Poder Judicial en España, reiteró su rechazo al alquiler de vientres, y advirtió que esta práctica reduce tanto a las madres como a los bebés a “meros objetos”. Además, y al igual que ocurre con la fecundación in vitro (FIV), recordaba el Supremo que una persona tiene derecho a conocer sus orígenes.
Esta práctica constituye otro "avance progresista" que, como tantas otras iniciativas de vanguardia, supone un atentado contra la ley natural, es decir, una violación de la naturaleza: esa es la realidad de los vientres de alquiler.
