El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha visitado esta mañana la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde ha anunciado una inversión de 2.400 millones para la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para constituirse como “el aeropuerto con más potencial de crecimiento de Europa”. 

Según ha explicado Sánchez, la inversión se centrará en tres ámbitos: "Un fuerte crecimiento de la capacidad de las instalaciones y de rutas, creación de miles de empleos directos e indirectos; así como en generación de riqueza". 

Además, esa inversión supondrá un “fuerte crecimiento de capacidad y de rutas, de creación de miles de empleos directos e indirectos y generación de riqueza”, ha señalado el presidente, recordando que Barajas “hoy genera, directa e indirectamente, casi el 10% del PIB” de la Comunidad de Madrid, por lo que este crecerá "significativamente cuando la inversión esté finalizada”.  

Así las cosas, Sánchez ha vaticinado que alcanzará “una capacidad de 90 millones de pasajeros en 2031, un 28% más que la capacidad actual”. “El aeropuerto va a ser una seña de identidad de España”. “Y lo queremos hacer con elementos de sostenibilidad ambiental, con la construcción de la mayor planta solar de un aeropuerto europeo. Es una extraordinaria noticia para Madrid y para el conjunto de España”.

Así las cosas, con este tipo de anuncios, Sánchez trata de tapar sus problemas con la ley de amnistía, una exigencia de sus socios Junts y ERC que le está dando quebraderos de cabeza y desgastando quizá más de lo que él quería. 

Ayer mismo, sin ir más lejos, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón consideraba que los hechos por los que investiga a Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democratic podrían ser delitos de terrorismo no amnistiables, es decir, que serían delitos de terrorismo que encajarían en el caso de "violaciones de derechos humanos", que fueron excluidos de la amnistía en el último borrador pactado por Pedro Sánchez, Junts y ERC…

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