Como informó ayer Hispanidad, se consumó la infamia: el Congreso aprobó ayer la vergonzosa ley de amnistía a los golpistas 'indepes', “el atentado más grave a los españoles honrados desde 1978”, en palabras de Abascal. 

Ahora comienza un incierto recorrido judicial de la ley, con casi seguros recursos por parte de las autonomías del PP ante el Tribunal Constitucional (dominado por el Sanchismo, por lo que de esa vía no cabe esperar mucho) y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que dejaría temporalmente sin efecto la aplicación de la norma hasta que los jueces europeos resolvieran… 

Por el momento, los cuatro fiscales del procés han redactado un escrito en el que aseguran que no se puede amnistiar la malversación ni a los procesados fugados –Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín–, ni para los ya condenados –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa– quienes todavía cumplen con sus penas de inhabilitación. Los fiscales del procés creen que su delito de malversación sí tuvo ánimo de lucro y sí afectó a los intereses financieros de la UE. 

Todo esto se lo han dicho al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que, según Libertad Digital, ya maniobra para 'desactivar' a estos fiscales. ¿Cómo? Según esta información, "García Ortiz podría rechazar directamente el informe presentado por los 4 fiscales del 1-O. Sería su último gran trabajo para el Gobierno de Sánchez. Esto provocaría la convocatoria de una nueva Junta de Fiscales de Sala, como sucedió en el caso de la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso". Libertad Digital también añade que "García Ortiz intenta que su mano derecha, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, asuma el informe sobre el caso del referéndum ilegal del 1 de octubre y así pedir el aval de la amnistía a Puigdemont ante la Sala Penal del Tribunal Supremo en nombre del Ministerio Público".

Y es que, según asegura hoy El Confidencial, este criterio de los fiscales del 'procés', que defienden que no puede ser amnistiado por malversación, implica que la orden de detención debe mantenerse. En ese caso, si a Puchi se le ocurre volver a España, podría ser detenido...

(Un inciso: Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig  anunciaron ayer que planean regresar a España entre el 25 de junio y el 25 de agosto, durante las fechas de las sesiones de investidura en Cataluña). 

Cabe recordar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene abiertas dos causas que preocupan a algunos de los amnistiados. La primera: el juez Pablo Llarena investiga a Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la financiación del ‘procés’ y de la consulta ilegal de 2017. Y la segunda: la magistrada Susana Polo, que investiga a Puigdemont, Marta Rovira y otras diez personas por presuntos delitos  de terrorismo en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ (que fue instruida previamente por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón).

No obstante, la Sala Penal del Supremo --que está esperando la publicación en el BOE para hacer algún movimiento-- tendrá la última palabra sobre la aplicación de la amnistía, tras escuchar la opinión del Ministerio Público y la de las defensas de los encausados. "A partir de ese momento, tomaremos una decisión", revelan fuentes del Supremo a VozPópuli. 

Por otra parte, algunas informaciones dan hoy por supuesto que Pedro Sánchez retrasará, al menos hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio, la publicación en el BOE de la ley de Amnistía (lo normal es que se hubiese publicado hoy, un día después de su aprobación en el Congreso). ¿Para qué? Para evitar más desgaste. O para frenar la casi segura presentación de una cuestión prejudicial por parte del Tribunal Supremo antes del 9-J, que reviente la campaña. 

A todo esto hay que añadir el malestar del sindicato de Policía Nacional Jupol por el texto definitivo de la ley de amnistía aprobado ayer en el Congreso porque «solamente deja activa la exclusión para los delitos por los que han sido denunciados por parte de los independentistas los policías nacionales que trabajaron en el 1-O y en los disturbios de 2019 en Cataluña». En consecuencia, en palabras del portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, con esta Ley, “los policías nacionales podrían ser los únicos que van a pagar las consecuencias del intento de golpe de Estado en Cataluña”. 

Sin duda, una injusticia a todas luces. Pero una más de las muchas que ha cometido Sánchez con esta ley…

Recordemos que, en todo este asunto, también hay una dimensión política y es qué va a pasar con la composición de a Generalitat catalana, es decir, quien va a mandar en Cataluña. Según asegura hoy La Razón, tras haber logrado la amnistía, el --todavía-- fugado de la justicia española se plantea el siguiente objetivo, que es lograr la presidencia de la Generalitat, con una supuesta obsesión de Junts por reducirlo todo a la elección de «o se salva Illa o se salva Sánchez»...

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