Como recogió ayer Hispanidad, Junts ha conseguido sacarle al Gobierno sanchista el compromiso de aprobar una enmienda por la que las empresas ubicadas fuera de Cataluña de más de 250 empleados o más de 50 millones de facturación tienen la obligación de atender en catalán a quien se lo requiera. 

El partido del fugado Carlos Puigdemont arrancó esta concesión al Sanchismo en una enmienda al Proyecto de Ley de Atención al Cliente, que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso. 

Pero esta medida ha generado una gran polémica y una oleada de reacciones ya que más de 4.000 empresas en toda España podrían verse afectadas. 

Para empezar, no está claro su alcance, pues ni el mismo portavoz del PSOE, Patxi López, lo supo explicar ayer cuando, preguntado por si esa medida se iba a implantar en toda España, respondió: "Lo veremos cuando discutamos y debatamos las enmiendas".

Por su parte, el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, afirmó que la intención es que las compañías garanticen el derecho de los consumidores a ser atendidos en catalán, gallego o euskera “allí donde estas lenguas tienen reconocida la oficialidad”, incluso aunque la empresa ofrezca sus servicios en el conjunto del Estado. 

Por el contrario, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, aseguraba ayer miércoles que esta obligación «será en toda España». E incidió también en que los ciudadanos catalanes deben tener «los mismos derechos lingüísticos que un francés o un inglés».

La CEOE, por ejemplo, mostró en un breve comunicado su "preocupación por el aumento de la carga burocrática que puede suponer, en contra de la necesaria reducción que venimos defendiendo en España y en el ámbito de la UE". Así como por el "impacto que puede tener en términos de incremento de los costes operativos y de adaptación", y "por la pérdida de competitividad que implicaría para las empresas españolas". Y mostró su "inquietud por el impacto sobre la eficiencia y la calidad del servicio que implicaría la adopción de obligaciones respecto a las lenguas cooficiales en empresas sin implementación en sus respectivos territorios".

¿Nuevo motivo de conflicto a la vista entre el PSOE y Junts? Veremos...