Como viene recogiendo Hispanidad, el Gobierno vasco, compuesto por PNV y PSOE, está aplicando el régimen penitenciario de semilibertad (el tercer grado) a un montón de etarras, utilizando torticeramente el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. 

La consejera de Justicia que se está encargando de traicionar a las víctimas del terrorismo es María Jesús San José López, del PSOE-PSE. 

Entre los etarras a los que se ha aplicado el tercer grado están el exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'; el etarra Asier Arzalluz Goñi, asesino del periodista José Luis López de la Calle; o la etarra Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto', aunque en este último caso, el juez de la Audiencia Nacional), José Luis Castro rechazó el pasado 22 de abril la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para ella y para el exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión. 

Según la Fundación Miguel Ángel Blanco, ya son 225 exmiembros de ETA los que han obtenido beneficios penitenciarios desde la disolución de la banda: 

En El Diario Vasco se recoge el testimonio de víctimas de ETA como Rubén Múgica, Jesús Ulayar y Pilar Elías (hijo, nieto y viuda, respectivamente, de asesinados por la banda), cuando se encuentran con los asesinos de sus familiares, lo que les produce «enorme desagrado, desasosiego, nervios, y sobre todo mucho dolor y también asco». 

En cualquier caso, conviene insistir en el pacto entre Pedro Sánchez y EH Bildu -coalición en la que se integran los herederos de Batasuna, brazo político de ETA y que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista- para beneficiarse mutuamente: Sánchez, para ser investido presidente con los votos de EH Bildu; y el partido heredero de Batasuna, para sacar poco a poco a todos sus etarras de la cárcel. Pacto al que Sánchez llegó después de haber asegurado a los españoles: "Con Bildu no vamos a pactar". No cabe mayor traición a los españoles.