Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.- Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros y en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro (persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona) del expresidente del Gobierno. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid lo investiga.
En relación a este caso, El Confidencial informa hoy de que Julio Martínez pagó a las hijas del expresidente del Gobierno, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, 198.000 euros por supuestos servicios de diseño y comunicación online.
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sospechan que ese pago pudo servir presuntamente para esconder comisiones ilegales pagadas a Zapatero por medio de la sociedad Análisis Relevante SL, propiedad de Julio Martínez Martínez. Cabe recordar que, según publicó El Mundo, esa empresa transfirió dinero a Zapatero por supuestas labores de consultoría.
2.- Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) investiga a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En este caso, entre otras cosas, el juez sospecha que Cristina Álvarez, la ayudante de Gómez, pagada con dinero público, estaría dedicando su tiempo a realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno.
En relación a este caso, El Debate publica hoy que la denuncia del pago de 2,4 millones a una amiga de la mujer de Sánchez --Leticia Lauffer-- por el rescate de Air Europa sitúa el dinero a través de una estructura societaria en la República Dominicana. Según esa declaración, el dinero fue depositado en un vehículo patrimonial registrado bajo el esquema British Virgin Islands (BVI).
Por otra parte, el Gobierno de la República Dominicana ha asegurado que Begoña Gómez no tiene la nacionalidad de ese país, según informa The Objective.
3.- Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo --la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública-- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado.
Y en este caso, la UCO de la Guardia Civil ha descubierto que la trama tenía ramificaciones -mascarillas, test PCR, petróleo, obras públicas…- pero que todas eran coordinadas, supuestamente, por Santos Cerdán, el cual tenía "poder de decisión", según informa Libertad Digital.
