El pasado 22 de mayo, la jueza Beatriz Biedma ratificaba la apertura de juicio oral por tráfico de influencias y prevaricación contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, en su contratación en la Diputación de Badajoz, en 2017. 

Pese a los argumentos de la defensa del músico David Sánchez, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz veía "claros indicios de criminalidad" en lo investigado. Explicó que la creación del cargo que obtuvo en un primer lugar Sánchez en la Diputación de Badajoz "no era necesaria y no obedeció a las razones especificadas en la memoria incluida en la ficha de su creación", recordando además las "versiones diferentes y contradictorias" que dio el hermano del presidente.

Por otra parte, la jueza daba por acreditado que "el puesto fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez". "Esta circunstancia era conocida en los conservatorios y en el Área de Cultura con anterioridad a que David Sánchez, quien también conocía lo anterior, fuera formalmente contratado para el mismo". Y consideraba que el trabajo de Sánchez "ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz, ni ha consistido en las funciones que se hicieron constar en la memoria de la creación de su puesto". Así, el delegado del Área de Cultura, Francisco Martos, y la directora, Emilia Parejo, "buscaron la forma de darle apariencia de legalidad a esa realidad". Además, la jueza explicaba que se creó para él el puesto de coordinador de conservatorios -un cargo que no existía- gracias a las influencias de su "entorno más cercano" (una velada referencia a su hermano, el presidente del Gobierno).

Junto a David Sánchez, la juez decidió que se sentarán en el banquillo de los acusados el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo -del PSOE de Extremadura-, y otras nueve personas, entre ellas el exasesor de Moncloa Luis Carrero. 

Frente a esa decisión de la magistrada, la Fiscalía y el propio David presentaron sendos recursos ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

Pues bien: esta mañana se ha conocido la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz, que da la razón a su compañera y manda al hermano del presidente del Gobierno a juicio oral por un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Los magistrados señalan que "en nuestro caso existen indicios suficientes expuestos por el Auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento". 

El resumen es que los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz ven «suficientes indicios» de que el músico se vio favorecido por un puesto de trabajo “a medida”, con documentación manipulada y decisiones administrativas opacas, obteniendo un trato de favor escandaloso (esto no lo dicen los jueces, sino el plumilla). 

Las acusaciones solicitan para él una pena de tres años de prisión. 

Es la primera vez en la democracia española que un familiar directo del presidente del Gobierno es enviado a juicio. 

Ahora la pregunta es: ¿dimitirá Pedro Sánchez, como haría cualquier presidente del Gobierno de cualquier país civilizado en un caso similar, por aquello de mantener la dignidad del cargo? Y la respuesta es no, no se apuren.