Les contamos hace unos días en Hispanidad que el Gobierno tenía planeado repetir fórmula. Así, el Pleno del Congreso deliberará y votará el próximo 27 de enero, es decir, mañana, el real decreto-ley ómnibus que, entre otras cosas, contiene la revalorización de las pensiones para el año 2026 o prorroga las ayudas al transporte, dos cosas muy buenas y a las que ningún partido debería negarse. Pero atendamos a la letra pequeña, porque si se vota a favor también se votará a favor de la moratoria de la prohibición de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, que está en vigor desde abril de 2020.
Miles de familias afectadas por la okupación viven pendientes de si PP, Vox, Coalición Canaria, PNV, UPN y Junts se dejan chantajear o no. Y aunque algunos partidos, como el PP, ya ha avanzado su voto en contra, hay algunos que mantienen en duda su posición. Por ello, la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación pide el rechazo al Decreto Ómnibus: “Se puede conseguir la subida de pensiones y las ayudas al transporte, sin que el escudo social recaiga sobre los propietarios”.
La organización denuncia que, tras una intensa ronda de contactos con PP, VOX, PNV, Junts y Coalición Canaria, el bloque del Gobierno sigue dando la espalda a los ciudadanos. En este sentido, la Plataforma lamenta profundamente que se haya solicitado una reunión formal con el grupo parlamentario Sumar, la cual no ha recibido respuesta alguna, confirmando el desprecio de la formación hacia las miles de familias atrapadas en la ocupación e inquiocupación.
La Plataforma también ha trasladado su malestar a sectores del PSOE. Tras varias reuniones estériles con ellos, la Plataforma ha percibido una fractura evidente dentro de las filas socialistas. Mientras diversos diputados, senadores y cargos electos del PSOE admiten en privado su preocupación por las consecuencias del decreto en las víctimas y por la destrucción del mercado del alquiler, el Ejecutivo mantiene un cierre total a cualquier modificación de la medida. Es indignante que, mientras se habla de diálogo y transparencia, el Gobierno mantenga un muro y un silencio atronador con las víctimas, ya que llevamos más de 4 años solicitando mensualmente una reunión con los ministerios competentes (vivienda y justicia) sin éxito.
La Plataforma denuncia que la inclusión de la prórroga de la suspensión de desahucios dentro del Decreto Ómnibus constituye un auténtico "chantaje legislativo". "El Gobierno utiliza de forma premeditada medidas de amplio consenso como la revalorización de las pensiones y el mantenimiento de las ayudas al transporte para forzar un único voto de aprobación o rechazo al pack de medidas, que también oculta la protección a ocupas e inquiocupas".
“Votar No es exigir que se legisle con limpieza, no por chantaje", comenta el portavoz, Ricardo Bravo.
Por otro lado, los afectados aseguran que llevan tiempo denunciando que este decreto solo sirve para "camuflar la premeditada desatención del Ejecutivo hacia las familias realmente vulnerables". “La realidad es, que durante 6 años de aplicación de la medida, el Gobierno no ha dispuesto de viviendas para los más vulnerables, ni tampoco ha destinado una partida presupuestaria para facilitarles el acceso a una vivienda digna” apunta el portavoz de la Plataforma.
De esta manera, "el Gobierno opta por la solución más cómoda y barata: la utilización de los recursos habitacionales de pequeños tenedores (que suponen el 93,4% de las viviendas del mercado del alquiler en España) sin compensación efectiva. Sin casas ni recursos, el "escudo social" no es más que una transferencia forzosa de la responsabilidad del gobierno a pequeños propietarios que tienen que asumir hasta el gasto de los suministros de quienes ocupan sus viviendas".
Como denuncia la Plataforma, las consecuencias de esta política son patentes en el mercado del alquiler. "La inseguridad jurídica generada por el miedo a la ocupación e inquiocupación está provocando una retirada masiva de viviendas del mercado del alquiler y reduciendo la oferta a mínimos históricos. Esta falta de vivienda, unida al temor de los propietarios, dispara los precios y endurece los requisitos de entrada hasta niveles inalcanzables para la mayoría. Paradójicamente, las medidas que el Gobierno vende como protección a los vulnerables son las mismas que están destruyendo sus oportunidades de acceder a una vivienda, ya que el pequeño propietario, ante la continuada vigencia del decreto y el riesgo de un proceso judicial de años, opta por mantener su inmueble vacío o venderlo, estrangulando el mercado para todos".
"Es hora de que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado. El martes, los partidos tienen la oportunidad de decir SÍ a la subida de las pensiones y a las ayudas al transporte pero NO a la ocupación e inquiocupación", afirma el portavoz de la plataforma.
