El terremoto político y mediático provocado por el auto del juez Juan Carlos Peinado no se explica únicamente por el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Tampoco por la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar España o la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Lo que realmente ha desencadenado la tormenta es algo mucho más profundo.
Peinado ha puesto por escrito algo que una parte significativa de las élites políticas, administrativas y mediáticas considera casi tabú: la posibilidad de que la proximidad al poder político genere mecanismos de protección extraordinarios, incluso en circunstancias en las que debería actuar la justicia.
La reacción ha sido inmediata.
Sindicatos policiales indignados.
Declaraciones institucionales.
Reuniones extraordinarias.
Editoriales alarmados.
Tertulias encendidas.
Pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma:
¿Por qué escandaliza tanto que un juez contemple situaciones que la historia reciente de España ha mostrado repetidamente?
Porque, nos guste o no, la historia española contemporánea está llena de episodios en los que funcionarios, policías, responsables políticos o miembros de los aparatos del Estado actuaron de manera incompatible con las obligaciones que tenían encomendadas.
Los GAL.
El caso Roldán.
El caso Faisán.
Las cloacas policiales.
Kitchen.
Villarejo.
La fuga y posterior itinerario político y judicial de Puigdemont.
Las múltiples filtraciones y operaciones políticas desarrolladas desde organismos que deberían haber actuado con neutralidad.
Nada de eso pertenece a la ficción.
Forma parte de la historia reciente de España.
Por ello, la verdadera cuestión no consiste en determinar si los escoltas de una persona concreta colaborarían o no en una hipotética fuga.
La cuestión consiste en preguntarse si un juez puede ignorar deliberadamente antecedentes históricos de ese tipo cuando debe valorar riesgos procesales.
La respuesta parece evidente.
No sólo puede tenerlos en cuenta.
Probablemente tiene la obligación de hacerlo.
EL PROBLEMA NO ES UN CASO. ES UN SISTEMA
Uno de los errores más frecuentes consiste en analizar cada escándalo político como si hubiera surgido de manera aislada.
Sin embargo, los ciudadanos no perciben la realidad de esa forma.
Los ciudadanos acumulan experiencias.
Comparan acontecimientos.
Relacionan episodios.
Y terminan construyendo una visión global del funcionamiento del sistema.
Por eso el caso actual no se interpreta únicamente a la luz de los hechos investigados.
Se interpreta también a la luz de décadas de escándalos, promesas incumplidas, investigaciones frustradas, responsabilidades diluidas y privilegios percibidos.
La consecuencia es una creciente desconfianza.
No necesariamente hacia una persona concreta.
Ni siquiera hacia un gobierno concreto.
La desconfianza comienza a dirigirse hacia las propias instituciones.
Y ahí aparece el verdadero problema.
Porque una democracia puede sobrevivir a casos de corrupción.
Puede sobrevivir a gobiernos incompetentes.
Puede sobrevivir a errores políticos.
Lo que difícilmente puede soportar durante mucho tiempo es la pérdida generalizada de confianza en las reglas del juego.
LA JUSTICIA DE DOS VELOCIDADES
Otro de los factores que alimentan esa desconfianza es la percepción de que determinadas personas parecen recibir un trato diferente según su proximidad al poder político.
Los ciudadanos observan.
Ven ingresos en prisión preventiva extremadamente rápidos en algunos casos.
Ven investigaciones que avanzan a gran velocidad.
Ven registros espectaculares.
Ven filtraciones constantes.
Y, simultáneamente, contemplan otros procedimientos que parecen desarrollarse con una lentitud extraordinaria.
Observan cómo determinadas investigaciones se retrasan durante años.
Cómo ciertas decisiones aparecen después de procesos electorales especialmente relevantes.
Cómo algunos casos reciben una cobertura mediática inmensa mientras otros parecen desaparecer de la conversación pública.
Quizá muchas de esas percepciones sean injustas.
Quizá existan explicaciones jurídicas perfectamente razonables.
Pero el problema sigue siendo el mismo.
La confianza.
Porque la justicia no sólo debe ser imparcial.
También debe parecerlo.
Y cuando una parte creciente de la sociedad deja de percibir esa imparcialidad, la credibilidad institucional comienza a erosionarse.
EL CALENDARIO ELECTORAL Y LA POLÍTICA DEL TIEMPO
Una de las cuestiones más inquietantes, que suceden con frecuencia en España, es la tendencia, explícita o implícita, a adaptar determinadas actuaciones judiciales al calendario político.
En muchas ocasiones se afirma que ciertas resoluciones conviene retrasarlas para no interferir en campañas electorales.
Sin embargo, esa lógica encierra una contradicción evidente.
Porque retrasar una decisión para no influir en unas elecciones constituye también una forma de influir en ellas.
La justicia debería actuar cuando corresponde.
No cuando resulte conveniente para el Gobierno.
No cuando resulte conveniente para la oposición.
No cuando resulte conveniente para una campaña electoral.
Cuando los tribunales empiezan a sincronizar sus tiempos con los tiempos de la política, la sospecha de dependencia institucional se vuelve inevitable.
EL PROBLEMA DE LA OBEDIENCIA
También es imprescindible abordar una cuestión frecuentemente olvidada.
La obediencia.
Durante décadas, numerosos escándalos políticos y administrativos han venido acompañados de una explicación recurrente:
«Yo sólo obedecía órdenes».
La frase resulta familiar porque ha acompañado a algunos de los episodios más oscuros de la historia contemporánea.
Y porque encierra un problema profundo.
La responsabilidad individual.
El experimento de Stanley Milgram demostró hace décadas hasta qué punto personas completamente normales pueden ejecutar acciones que consideran incorrectas cuando una autoridad legítima les ordena hacerlo.
La lección sigue plenamente vigente.
Las democracias no dependen únicamente de buenas leyes.
Dependen también de funcionarios, jueces, policías, militares, periodistas y ciudadanos capaces de mantener su criterio moral incluso cuando reciben instrucciones en sentido contrario.
Cuando la obediencia sustituye completamente a la responsabilidad individual, las instituciones comienzan a deteriorarse.
EL ESTADO DE PARTIDOS
Por otro lado, muchos de los problemas actuales derivan de la creciente concentración de poder en estructuras partidistas.
Los partidos nacieron como instrumentos al servicio de los ciudadanos.
Sin embargo, siguiendo la conocida ley de hierro de las oligarquías formulada por Robert Michels, han desarrollado progresivamente intereses propios.
La disciplina interna.
Las listas cerradas.
La dependencia de los aparatos de partido.
Los nombramientos institucionales negociados entre organizaciones políticas.
Los aforamientos.
La financiación pública.
Todo ello ha contribuido a generar la percepción de que los partidos controlan una parte creciente de las instituciones que deberían vigilarlos.
La consecuencia es una creciente distancia entre las élites políticas y los ciudadanos.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA HA DESAPARECIDO
Uno de los fenómenos más llamativos de nuestro tiempo es la progresiva desaparición de la responsabilidad política.
Durante décadas, numerosos dirigentes dimitían por errores graves, conflictos de intereses o simples fallos de supervisión.
Hoy parece que únicamente una condena firme justifica la renuncia.
Y ni siquiera siempre.
Los errores se atribuyen a subordinados.
Las irregularidades a terceros.
Los fracasos a circunstancias externas.
Las responsabilidades se fragmentan, se dispersan y finalmente desaparecen.
Sin embargo, una democracia sana exige algo más.
Exige que quienes ejercen el poder respondan no sólo de lo que hacen personalmente, sino también de aquello que ocurre bajo su autoridad.
LA LECCIÓN FINAL
El caso Peinado no constituye únicamente un episodio judicial.
Es un espejo.
Un espejo que refleja problemas acumulados durante décadas.
La erosión de la confianza institucional.
La creciente distancia entre gobernantes y gobernados.
La percepción de desigualdad ante la ley.
La politización de organismos llamados a ser independientes.
La desaparición de la responsabilidad política.
La expansión de la obediencia burocrática.
Y la tendencia permanente del poder a protegerse a sí mismo.
La pregunta decisiva no es si Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Ábalos o cualquier otro protagonista concreto resultarán finalmente condenados o absueltos.
Eso corresponde a los tribunales.
La verdadera cuestión es otra.
¿Dispone España de mecanismos suficientemente sólidos para controlar eficazmente a quienes ocupan las posiciones más elevadas del poder?
¿Existen contrapoderes reales?
¿Funcionan los controles?
¿Se aplican las mismas reglas a todos?
Mientras una parte significativa de los ciudadanos siga dudando de la respuesta, la crisis de confianza continuará abierta.
Porque las democracias no se sostienen únicamente sobre leyes, elecciones y procedimientos.
Se sostienen también sobre una convicción compartida.
La convicción de que nadie está por encima de la ley.
Y de que quienes ejercen el poder responden realmente por el uso que hacen de él.
Cuando esa convicción comienza a desaparecer, el problema deja de ser judicial.
Deja de ser político.
Y se convierte en un problema de legitimidad institucional.
Y pocas crisis resultan más peligrosas para una democracia que esa.
