¿Por qué no lo impidió?
Sr. Director:
Manos Limpias ha presentado ante el Juzgado Decano de Ceuta una denuncia contraMiguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, por una presuntaimprudencia grave, al considerar que no adoptó las medidas necesarias para impedir la entrada masiva en territorio español pese a haber sido advertido previamente por los servicios de inteligencia.
La denuncia adquiere especial importancia porque no se sustenta únicamente en conjeturas, noticias periodísticas o interpretaciones posteriores. Su punto de partida son las declaraciones efectuadas el 25 de agosto de 2026 por la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante el Congreso de los Diputados.
Y lo que dijo Robles cambia sustancialmente la cuestión.
La ministra defendió de manera terminante la actuación de los servicios de inteligencia y afirmó que la información de que disponían había sido comunicada a la Delegación del Gobierno en Ceuta.
Dicho en román paladino: hubo aviso previo.
Y si hubo aviso previo, alguien tendrá que explicar qué se hizo con él.
Si se sabía, ¿por qué no se impidió?
Esta es la pregunta que atraviesa toda la denuncia de Manos Limpias.
Porque una cosa es verse sorprendido por un acontecimiento imprevisible y otra muy diferente disponer previamente de información acerca de lo que puede ocurrir y no adoptar las medidas necesarias para evitarlo.
No hablamos de una verbena, de una manifestación o de un problema de tráfico.
Hablamos de la frontera de España.
Hablamos de Ceuta.
Hablamos de miles de personas que penetraron en territorio nacional desde Marruecos y de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado obligadas a afrontar sobre el terreno una situación extraordinaria.
Si los servicios de inteligencia habían detectado previamente que algo semejante podía producirse y trasladaron esa información a la Delegación del Gobierno, resulta obligado preguntar:
¿qué hizo Pérez Triano después de recibirla?
¿Ordenó reforzar la frontera?
¿Pidió más agentes?
¿Alertó al Ministerio del Interior?
¿Solicitó medios extraordinarios?
¿Se estableció algún dispositivo preventivo?
¿Se informó inmediatamente al presidente del Gobierno?
¿Se evaluó la posibilidad de que Marruecos estuviera permitiendo, facilitando o alentando la presión sobre la frontera?
Y, sobre todo:
¿por qué no se impidió lo que, según la ministra de Defensa, había sido previamente advertido?
Dos versiones que chocan de frente
El asunto resulta todavía más grave porque las declaraciones de Robles chocan con las explicaciones ofrecidas desde la propia Delegación del Gobierno.
Pérez Triano había sostenido que no existió un aviso previo que permitiera anticipar lo ocurrido.
Pero Robles afirma que los servicios de inteligencia hicieron su trabajo y que informaron a la Delegación del Gobierno.
Las dos afirmaciones no pueden despacharse con un encogimiento de hombros.
Aquí no caben juegos de palabras.
No vale distinguir artificiosamente entre aviso, información, alerta, informe, nota o comunicación para terminar haciendo desaparecer el problema bajo una montaña de jerga burocrática.
La pregunta es mucho más sencilla:
¿Sabía la Delegación del Gobierno que se preparaba una entrada masiva en Ceuta?
Si la respuesta es no, habrá que determinar por qué Robles afirmó lo contrario.
Si la respuesta es sí, habrá que averiguar qué medidas adoptó Pérez Triano y por qué resultaron insuficientes para impedir los hechos.
Eso es precisamente lo que debe esclarecer un juzgado.
El delegado del Gobierno no es un convidado de piedra
Conviene recordar algo elemental que, a fuerza de repartir responsabilidades entre administraciones, ministerios, direcciones generales y demás casillas del organigrama, termina olvidándose.
El delegado del Gobierno representa al Gobierno de España en Ceuta.
No es un espectador.
No es un comentarista.
No ocupa el cargo para explicar después de los acontecimientos qué ocurrió, sino para ejercer las competencias que le corresponden y coordinar la actuación del Estado en la ciudad.
Y Ceuta, además, no es cualquier territorio.
Es una ciudad española situada en una frontera especialmente delicada y sometida desde hace décadas a la presión reivindicativa de Marruecos.
Precisamente por eso cualquier información acerca de una concentración extraordinaria de personas en las proximidades de la frontera debía ser tomada con la máxima seriedad.
No hacía falta una bola de cristal.
Hacía falta prevención.
Manos Limpias señala una posible imprudencia grave
Sobre esa base, Manos Limpias considera que puede existir una imprudencia grave y pide que los tribunales investiguen la actuación del delegado.
La denuncia no es una sentencia. Naturalmente será el juez quien determine si los hechos tienen relevancia penal, quién debe declarar y qué documentos deben incorporarse a la causa.
Pero precisamente para eso existe una investigación judicial.
Porque aquí hay pruebas documentales que pueden despejar rápidamente buena parte de las incógnitas.
Las comunicaciones de los servicios de inteligencia dejan rastro.
Las órdenes administrativas dejan rastro.
Las peticiones de refuerzos dejan rastro.
Las comunicaciones entre la Delegación y el Ministerio del Interior dejan rastro.
Las reuniones celebradas dejan rastro.
Las decisiones adoptadas —y las que no se adoptaron— también pueden reconstruirse.
Por eso el asunto no debería terminar convertido en una discusión política sobre quién recuerda qué conversación.
Que se pidan los documentos. Que se conozcan las comunicaciones. Que declaren quienes tuvieron conocimiento de los avisos. Y que se establezca la secuencia de los hechos.
¿Quién sabía qué y desde cuándo?
La cuestión puede resumirse en cuatro preguntas:
¿Qué se sabía?
¿Quién lo sabía?
¿Desde cuándo lo sabía?
¿Qué hizo después de saberlo?
No hace falta más literatura.
Si los servicios de inteligencia advirtieron de la posibilidad de una entrada masiva, cumplieron su obligación.
A partir de ese instante la responsabilidad pasa a quienes recibieron la información y tenían capacidad para adoptar decisiones.
Porque un servicio de inteligencia no despliega antidisturbios, no refuerza una frontera y no dirige a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.
Informa. Advierte. Alerta.
Después corresponde actuar a quienes tienen el mando político y administrativo.
Por eso las palabras de Margarita Robles tienen tanta importancia.
Al defender que los servicios de inteligencia hicieron su trabajo, la ministra ha situado inevitablemente el foco sobre quienes recibieron el resultado de ese trabajo.
Basta de responsabilidades evaporadas
España padece desde hace demasiado tiempo una curiosa enfermedad administrativa: cuando algo sale bien aparecen inmediatamente decenas de responsables dispuestos a hacerse la fotografía; cuando ocurre una catástrofe, la responsabilidad se evapora.
Nadie sabía.
Nadie podía preverlo.
Nadie tenía competencias.
Nadie recibió el aviso correcto.
Nadie entendió que aquello pudiera ocurrir.
Y, finalmente, nadie responde.
Pero gobernar consiste precisamente en prever, decidir y responder.
Para recibir un sueldo público, disponer de coche oficial, asesores, gabinete y autoridad no hace falta demasiada valentía. La responsabilidad comienza cuando hay que tomar decisiones difíciles y, llegado el caso, explicar por qué se tomaron o por qué dejaron de tomarse.
Y en Ceuta hay demasiado que explicar.
La declaración de Robles rompe el «nadie sabía nada»
Hasta la comparecencia de la ministra de Defensa todavía podía mantenerse la explicación de que la magnitud de lo ocurrido había sorprendido a todo el aparato del Estado.
Después de sus palabras, esa explicación exige muchas aclaraciones.
Porque si los servicios de inteligencia habían advertido previamente, entonces alguien sabía.
Y si alguien sabía, alguien recibió esa información.
Y si alguien la recibió, alguien debía valorarla y actuar en consecuencia.
Ese es el hilo del que ha tirado Manos Limpias.
Y puede conducir bastante más arriba que al despacho del delegado del Gobierno.
¿Dónde termina la cadena de responsabilidades?
La denuncia se dirige contra Pérez Triano, pero la investigación no debería detenerse artificialmente en él si aparecen responsabilidades de otras autoridades.
Si informó al Ministerio del Interior, habrá que saber cuándo y en qué términos.
Si solicitó refuerzos, habrá que conocer la respuesta.
Si no los solicitó, habrá que averiguar por qué.
Si Interior conocía la advertencia, deberá explicar qué hizo.
Y si el Gobierno fue informado de que podía producirse una entrada extraordinaria desde Marruecos, habrá que determinar qué decisiones adoptó.
Porque una cadena de mando sirve precisamente para eso: para que las responsabilidades puedan seguirse desde quien recibe la primera información hasta quien adopta la última decisión.
No puede convertirse en una cadena diseñada para conseguir justamente lo contrario: que al final nadie responda de nada.
Ceuta merece respuestas
El asunto trasciende a Miguel Ángel Pérez Triano.
Lo verdaderamente importante es determinar si el Estado español dispuso de información suficiente para anticipar lo ocurrido y, pese a ello, no actuó con la diligencia necesaria.
Eso es infinitamente más grave que una simple disputa entre políticos.
Porque si España fue advertida y no reaccionó adecuadamente, ya no estamos ante una sorpresa.
Estamos ante un posible fracaso de quienes tenían la obligación de impedirla.
Manos Limpias ha llevado el asunto ante los tribunales.
Ahora toca investigar.
Sin circunloquios.
Sin jerga administrativa.
Sin convertir las palabras en humo.
Y sin el eterno juego de pasar la pelota de un despacho a otro.
Porque después de las palabras pronunciadas por Margarita Robles queda una conclusión imposible de esconder bajo la alfombra:
alguien sabía.
Alguien avisó.
Alguien recibió el aviso.
Y alguien tendrá que explicar por qué, pese a todo ello, no se impidió lo ocurrido en Ceuta.
EL CNI AVISÓ DE QUE CEUTA IBA A SER INVADIDA: MANOS LIMPIAS PIDE AL SUPREMO QUE ACTÚE CONTRA SÁNCHEZ Y MARLASKA
Margarita Robles reconoce que los servicios de inteligencia dieron la alerta y Miguel Bernad pide que se abran diligencias penales: si el Gobierno estaba advertido, toca averiguar quién sabía qué y por qué no se impidió la invasión.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó de que Ceuta iba a ser invadida.
Así de sencillo.
Y así de grave.
Manos Limpias ha presentado este 25 de agosto un nuevo escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que pide que se abran diligencias penales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La denuncia viene de atrás.
El 3 de agosto, Miguel Bernad Remón, secretario general de Manos Limpias, denunció a Sánchez y Marlaska por un presunto delito de imprudencia grave al considerar que, por no actuar, no impidieron un delito contra la independencia y soberanía del Estado.
El 11 de agosto amplió la denuncia.
Y añadió algo esencial: las alertas que, según el escrito, habían dado FRONTEX (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y el propio presidente de Ceuta.
Ahora se conoce algo todavía más grave.
ROBLES LO HA DICHO: EL CNI AVISÓ
Margarita Robles, ministra de Defensa y máxima responsable política del CNI, ha manifestado en el Congreso de los Diputados, según recoge el escrito presentado ante el Tribunal Supremo, que el CNI advirtió de la invasión de Ceuta.
Y no se guardó la advertencia en un cajón.
La transmitió, al menos, al delegado del Gobierno en Ceuta, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por tanto, se acabó el cuento de la sorpresa.
El CNI avisó.
El Estado sabía que existía el peligro.
Los encargados de defender Ceuta habían recibido la advertencia.
Y, pese a ello, Ceuta fue invadida.
La pregunta cae por su propio peso:
¿Qué hicieron quienes tenían la obligación de impedirlo?
NO FALLÓ LA INFORMACIÓN: FALLÓ LA RESPUESTA
Aquí está la médula del asunto.
Una cosa es que un Estado sea sorprendido por un acontecimiento imposible de prever.
Otra, muy distinta, es que sus propios servicios de inteligencia le avisen previamente y, pese a ello, suceda aquello contra lo que habían advertido.
No faltó información.
Hubo aviso.
Lo que toca saber ahora es qué ocurrió después.
¿Quién recibió la advertencia?
¿Cuándo la recibió?
¿Qué decía exactamente?
¿Llegó al Ministerio del Interior?
¿Llegó a Pedro Sánchez?
¿Qué órdenes se dieron?
¿Qué medidas se tomaron?
¿Quién decidió que bastaban?
¿Quién pudo ordenar otras medidas y no lo hizo?
Y, sobre todo:
¿por qué no se impidió la invasión si el CNI había avisado?
No hace falta adornarlo con palabrería.
Hace falta responder.
MANOS LIMPIAS SEÑALA A SÁNCHEZ Y MARLASKA
Miguel Bernad considera que lo reconocido por Margarita Robles es una prueba fundamental y pide a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que actúe contra Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska.
La sucesión de los hechos que recoge Manos Limpias es clara.
3 de agosto: denuncia contra Sánchez y Marlaska.
11 de agosto: ampliación de la denuncia con las alertas de FRONTEX, CNI, CIFAS y del presidente de Ceuta.
25 de agosto: nuevo escrito después de conocerse que el CNI había advertido de la invasión y había transmitido la alerta a distintos órganos del Estado.
Y aquí comienza el verdadero problema para el Gobierno.
Porque resulta difícil sostener simultáneamente que aquello no podía preverse y que el servicio de inteligencia del Estado había avisado previamente de que iba a ocurrir.
Las dos cosas no caben a la vez.
¿QUIÉN RECIBIÓ EL AVISO?
España tiene un servicio de inteligencia para obtener información sobre las amenazas contra el Estado.
Tiene Ejército.
Tiene Guardia Civil.
Tiene Policía Nacional.
Tiene un Ministerio del Interior.
Tiene un delegado del Gobierno en Ceuta.
Y tiene un Gobierno cuya primera obligación es defender España, su soberanía, sus fronteras y a los españoles.
El CNI hizo su trabajo: avisó.
Ahora hay que averiguar qué hicieron los demás.
Porque un informe de inteligencia no se redacta para llenar archivadores ni para cubrir expedientes.
Se redacta para que quien tiene autoridad actúe.
Si la advertencia llegó y no se impidió aquello contra lo que advertía, hay que seguir el aviso despacho por despacho hasta conocer dónde terminó y qué decidió cada responsable.
Sin circunloquios.
Sin excusas.
Sin esconderse detrás de palabras huecas.
AHORA LE TOCA AL TRIBUNAL SUPREMO
Manos Limpias ha pedido formalmente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que abra las correspondientes diligencias penales.
El escrito está fechado el 25 de agosto de 2026.
Y contiene una afirmación que cambia por completo el relato de lo sucedido:
el CNI había advertido de la invasión.
Por eso quedan cinco preguntas que nadie debería poder esquivar:
¿Qué sabía el Gobierno?
¿Desde cuándo lo sabía?
¿Quién recibió las advertencias?
¿Qué órdenes dio?
¿Por qué no se impidió la invasión?
Porque si el servicio de inteligencia de un Estado advierte de que una parte de su territorio va a ser invadida y, pese a la advertencia, la invasión se produce, ya no estamos hablando de falta de información.
Estamos hablando de algo mucho más sencillo:
estaban avisados.
Y ahora corresponde averiguar qué hicieron con el aviso quienes tenían la obligación de defender Ceuta.
